El abogado Joel García considera que el Estado venezolano «raspó» la evaluación porque no hay separación de poderes ni derecho a la defensa
Como lo contó este martes 10 de diciembre el politólogo y ex preso político Nicmer Evans durante un foro en la UCV, cuando estuvo detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) supo que a los presos que castigaban en el «tigrito» los enviaban con dos envases: uno lleno, para el agua que beberían; y uno vacío, para la orina.
Situaciones como estas confirman el diagnóstico que hace el abogado y defensor de derechos humanos Joel García: El Estado de derecho en Venezuela está «raspado». García afirma que la Constitución recoge un articulado que no se respeta en el país, y prueba de ello son los procesos judiciales previos y posteriores a las manifestaciones poselectorales del 28 de julio de 2024.
El foro «El Estado de derecho en un país sin derecho», realizado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, permitió a expertos opinar sobre el estado del Estado de derecho. «No hace falta cometer delitos en Venezuela para estar tras las rejas», sentenció García. El profesor universitario sostuvo que en el país no hay Estado de derecho, ni se respeta el derecho a la defensa ni se garantiza que las personas sean juzgadas por sus jueces naturales.
Las audiencias de presentación se convirtieron en un show, aseguró Luis Cabrera Dekash, defensor de derechos humanos, profesor y luchador social. «En los juicios políticos es peor», sostuvo. Según Cabrera, no se permite la defensa privada «porque no les conviene que las actas salgan a la calle, sean públicas».
La mayoría de los jóvenes detenidos en las manifestaciones posteriores a las elecciones «son de sectores populares», son activistas sociales más que políticos, aclaró Cabrera. Puso el ejemplo de Edward Ocariz, conocido por su labor comunitaria en El Valle.
Después del 10 de enero
Inevitablemente, en cualquier espacio de discusión familiar, profesional o social, surge el tema 10 de enero de 2025. «Mis expectativas son las mismas de hoy: seguir luchando», aclaró Evans. Alrededor de la fecha hay temores, ilusiones, visiones encontradas. «Se ha creado una expectativa» espontánea. «Todos queremos que haya una transición de manera pacífica».
García, por su parte, subrayó que según la Constitución el 10 de enero se toma posesión de la Presidencia. «En Venezuela no debería ocurrir nada antes de esa fecha, porque el presidente electo y constitucional es Nicolás Maduro» y cualquier acción sería de facto. Si Maduro toma posesión el 10 de enero «se va a materializar el fraude» y entonces la gente debe tomar acciones según la Constitución.
Inevitablemente se habla sobre la justicia transicional, para lo cual es necesario que el sector en el poder quiera negociarla. «No podemos pasar la página con estos atropellos que han pasado, debe haber justicia. Pero justicia no es venganza; no queremos vengarnos de nadie, no podemos hacer lo que nos hicieron. Estoy en contra de la pena de muerte porque no voy a castigar un delito con otro delito; no hay venganza buena y venganza mala», aseveró. A su juicio, sería deseable que se pueda llegar al espacio de dialogar sobre justicia transicional.
