«Las sanciones, en general, afectan a la población más vulnerable con mayor fuerza. Realmente afectan poco a las cúpulas que dirigen los países, y afectan más a la población de menores recursos», señala
Sanciones van y vienen, y más allá del debate político, hay un impacto para la población que el economista Manuel Sutherland confirma.
El gobierno reporta más de 900 sanciones, pero otras investigaciones «hablan de 600 medidas distintas», explica el director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO). Aun cuando «la crisis es muy anterior a las sanciones, las sanciones agudizan algunos efectos sociales de la crisis». Es cierto que no la causan, mas «impiden dramáticamente la recuperación de un país que ha perdido 70% u 80% del PIB, que está en una situación catastrófica y que necesita ayuda humanitaria, préstamos, ayuda de multilaterales».
Para un paciente, Venezuela, en condiciones tan difíciles, las sanciones «causan un daño tremendo», reafirma en entrevista vía wasap con contrapunto.com.
Cita el caso de las sanciones a Minerven, la empresa minera, porque «se supone que las sanciones que levantan la licencia que de alguna forma exoneraba a Minerven es un primer paso para amenazar con una sanción más dura, que sería la financiera contra el Banco Central y la petrolera contra Pdvsa, que podría derivar en una sanción más fuerte, como la revocatoria de la licencia de Chevron».
Sanciones muy fuertes, por ejemplo, encarecen los químicos necesarios para elaborar productos básicos, como la pasta de dientes, «lo que agrega alcabalas, trabas y precios elevados para el consumidor final, que disminuiría su poder adquisitivo o deterioraría más el salario real».
Obviamente los funcionarios sancionados sufren consecuencias como el retiro de visas, la declaración de persona no grata en Europa o Estados Unidos, la asociación con terrorismo o la solicitud de una recompensa, congelación de capitales en el extranjero, recuerda Sutherland.
«Las sanciones, en general, afectan a la población más vulnerable con mayor fuerza. Realmente afectan poco a las cúpulas que dirigen los países, y afectan más a la población de menores recursos», señala. Según su análisis, esto tiene un propósito: «La idea es que la población de menores recursos proteste, y le cree presión social al gobierno que las recibe para que haya un cambio político impulsado por el hartazgo de la población».
En el caso venezolano, explica, «las sanciones dificultan la vida económica de la población de manera muy importante, reducen los ingresos del Estado muy fuertemente e impulsan procesos en los que la corrupción es mucho mayor».
En la medida en que el Estado tiene menos ingresos, señala, «tiende a cobrar impuestos más altos, a subir el IVA e inventarse impuestos como el IGTF». Al vender petróleo con descuentos, y tener menos ingresos, «gasta menos, tiende a despedir personal y a ser más rígido en los bonos y en las transferencias directas». Esa es una vía por la que se observa el impacto de la sanciones, aclara Sutherland. Pero hay otras, como el aumento en el precio de las mercancías «debido a la dificultad para importar sus componentes y para comercializar sus materias primas».
¿Realmente contribuyen las sanciones a promover un cambio político democrático? «Generalmente no tienen un impacto para el cambio político positivo en casi ninguno de los casos. Hay países que tienen 60, 70 años con sanciones, se han ido cerrando y cerrando y las poblaciones han quedado atrapadas en el conflicto y son las que más sufren», razona el economista. La posibilidad de que la población presione al gobierno, en un contexto como el actual en Venezuela, parece remota. De acuerdo con su análisis, un sector de trabajadores que no esté organizado robustamente difícilmente podrá defender su salario, y una población reprimida «tampoco tiene herramientas para dar respuesta».
