«El apoyo a profesores y alumnos se verá afectado, incluyendo una reducción en los programas de alimentación escolar. Esto impactaría el acceso a una educación de calidad para 1,4 millones de niños», dice la OCHA
Las donaciones internacionales destinadas a la ayuda humanitaria en Venezuela cayeron 25% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo período de 2022, informó este miércoles la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
«A 30 de junio, los donantes han aportado 104 millones de dólares (…) Esta cifra es inferior al promedio mundial del 20 % para los planes de respuesta humanitaria y representa tres cuartas partes del financiamiento recibido en Venezuela a mitad del año 2022», dice un comunicado del organismo multilateral reseñado por la agencia EFE.
Entre enero y junio, la ONU recibió el 14 % del monto requerido para financiar su plan de ayuda de este año para Venezuela, el cual contempla 720 millones de dólares para beneficiar a 5,2 millones de personas con necesidades urgentes.
«En general, y tras varios años de crecimiento, la financiación para Venezuela ha ido disminuyendo desde 2022 -con 10 % menos entre 2021 y 2022-, con más reducciones previstas en 2023. A nivel mundial, la financiación actual sitúa a Venezuela como el segundo país con la respuesta humanitaria más desfinanciada», prosigue el reporte, que no aclara cuál es la nación con menos donaciones.
La ONU advierte que la falta de financiación «podría dejar a millones de venezolanos con necesidades críticas en áreas prioritarias clave», como la nutrición, la educación, la salud y la seguridad alimentaria en un país que tiene a la mitad de su población en pobreza extrema, según estimaciones académicas.
«Las brechas actuales limitan la capacidad de suministrar vacunas y ampliar los programas de inmunización, dejando a niños y niñas menores de cinco años en riesgo de sufrir brotes de enfermedades transmisibles», subraya el escrito.
Además, prevén que la caída en las donaciones disminuya «los servicios de salud sexual y reproductiva para unas 700.000 mujeres y adolescentes», los cuales considera «esenciales para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil».
