La Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó en 2004 el día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, en conmemoración del 17 de mayo de 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su clasificación internacional de enfermedades
Han pasado casi 20 años desde el establecimiento de esta fecha y más de 30 desde que la homosexualidad no es clasificada como una enfermedad, sin embargo, los reclamos de la población LGBTI siguen vigentes en muchas partes del mundo, Venezuela no escapa a esta realidad.
Precisamente, el pasado 14 de mayo el expediente de la activista Tamara Adrián -con el que solicita el reconocimiento de su identidad femenina-, se hizo mayor de edad en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que haya una sentencia en el caso.
Adrián es la presidenta mundial del Comité de Organización del día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia; y en medio del «infeliz cumpleaños» de su expediente en el TSJ conversa con nosotros y comienza por resaltar la importancia de esta fecha: sociedad civil y gobiernos se han plegado a esta lucha.
«En Venezuela faltan todas (leyes) a diferencia de la región que ha hecho pasos agigantados para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI», declara la abogada y defensora de derechos humanos.
Agrega que la propuesta realizada en 2008 para reconocer la identidad sin requisitos patologizantes fue descartada por el Parlamento en la legislatura 2005-2010 debido, a su juicio, a una sobrerrepresentación de fuerzas «retrógradas» dentro del Legislativo, «al rededor de 43% de los integrantes de la Asamblea, eran todos chavistas por cierto, eran evangélicos».
En aquel momento, los diputados que se opusieron al proyecto, colocaron trabas para avanzar en materia de derechos de la población LGBTI y solo quedó el derecho al cambio de nombre establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
La activista Richelle Briceño ve como una medida urgente el reconocimiento de la identidad de las personas trans, y asegura que la resistencia a dar garantía de los derechos de la población LGBTI se impone desde los «dogmas y posiciones conservadoras del Consejo Nacional Electoral».
«Para nosotros es urgente que las personas trans puedan tener una identidad que sea coherente y congruente con su modo de ser, estar y existir en la sociedad porque de lo contrario seguirán expuestas a más escarnio público», afirma Briceño al tiempo que aboga por el derecho a las familias homoparentales, sin dejar de lado el derecho al matrimonio igualitario.
«El Consejo Nacional Electoral que ha estado dominado por fuerzas evangélicas desde siempre, en el año 2010 había tres de cinco rectoras que eran evangélicas neopentecostales… Dieron una opinión interna que nunca ha sido revelada, yo tengo una copia no oficial de esta opinión… Con esa opinión básicamente impidieron el ejercicio de ese derecho (cambio de nombre) y lo han seguido impidiendo», dice Adrián y asegura que los esfuerzos por revertir tal situación no han tenido éxito en el CNE.
Denuncia que en el país se vive una homofobia de Estado. «Venezuela es el único país de habla hispana que tiene una norma que criminaliza las relaciones consensuadas de personas del mismo sexo, eso ocurre exclusivamente en el mundo militar pero ocurre, ningún otro país de la región tiene normas que criminalizan las relaciones de personas del mismo sexo»; y aunque se han intentado acciones de inconstitucionalidad contra ese artículo del Código Orgánico de Justicia Militar no han sido resueltas por el Poder Judicial.
El también activista Yendri Velásquez destaca que el marco legal venezolano requiere de una profunda revisión porque en los últimos años el Estado venezolano no ha entrado en la modernidad y las leyes se han convertido en «mecanismos de persecución».
«Hay grupos que desde el poder dicen que la ley contra el odio es una herramienta para luchar contra la homofobia, la discriminación, la transfobia, pero la verdad lo que se sabe es que en la práctica esta es una ley que lo que busca es criminalizar a la disidencia y a quienes piensan distinto», asegura Velásquez. «Hasta el momento no se cuenta con un estructura legal que garantice los derechos de la personas LGBTIQ».
Agrega que, no basta con tener leyes sino que es necesario que se cumplan, se convierten en «letra muerta», además destaca la necesidad de educar y sensibilizar a los funcionarios en materia de derechos humanos.
Briceño resalta que Venezuela es catalogada como violadora de derechos humanos por la persistencia del artículo en el Código Orgánico de Justicia Militar que prohibe las relaciones entre personas del mismo sexo y «por ese artículo le cierran al Estado venezolano el acceso a determinados financiamientos para obras sociales. Sería contradictorio financiar a un Estado que vulnera derechos humanos».
Para Tamara Adrián, uno de los factores que no ha permitido avanzar en esta materia en el país es la presencia de las iglesias neopentecostales junto a grupos fundamentalistas de la Iglesia Católica en contra de los derechos LGBTI haciendo presión dentro del poder, además identifica la presencia militarista como otra amenaza para los derechos.
Adrián cree que la pelota está en la cancha del CNE, la Asamblea Nacional y la TSJ para actuar de inmediato con la aplicación de las leyes ya existentes (artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Cilvil).
«Que deje la hipocresía, que deje la homofobia y la transfobia de Estado y que incorporemos a Venezuela en la igualdad de derechos que existe en el siglo XXI», reclama Tamara Adrián.
La abogada Richelle Briceño asegura que, el CNE no puede seguir esquivando la responsabilidad que tiene en cumplir la Ley y destaca que los derechos de la comunidad LGBTI no deben ser considerados como un tema secundario o sin importancia, «la pelota está entre el Consejo Nacional Electoral y el Poder Legislativo».
Yendri Velásquez apunta que «todas las demandas de la población LGBTIQ es prioridad» y agrega que cada asesinato y agresión constituyen un mensaje o amenaza para toda la población.
«Mi exigencia sería que abandonen hoy sus políticas homofóbicas y transfóbicas. Hoy Venezuela es un Estado que se constituye como un Estado homofóbico y transfóbico por acción y omisión», declara Velásquez.
Recientemente fue anunciada la creación de una fiscalía especial para atención de temas LGBTI y los activistas esperan que verdaderamente tenga el funcionamiento adecuado para la protección de sus derechos, mientras tanto siguen movilizados exigiendo las garantías correspondientes por parte del Estado Venezolano.
Hoy Venezuela se exhibe como un país con retraso en materia de derechos humanos, con una gran deuda hacia la población LGBTI que debe pagar las consecuencias con discriminación, rechazó, burla y en muchos casos hasta el hambre por no poder desenvolverse con normalidad en la sociedad ante la carencia de mecanismos de protección.
