La Constitución venezolana condena la desaparición forzada y es penalizada con 25 años de prisión
El abogado Eduardo Torres denunció que en Venezuela existen graves violaciones al debido proceso, resaltando que a los detenidos se le impone defensa pública y se le impide el acceso a defensores privados a los tribunales.
“En Venezuela no se permite que los abogados privados defendamos a quienes tenemos que asistir”, expresó Torres en entrevista para el programa Vladimir a la Carta.
Asimismo, destacó que el propio Tarek William Saab, Fiscal General de la República, violenta el principio de presunción de inocencia y que, además, no se respetan los lapsos para que los detenidos sean escuchados.
“Acusa de terroristas a los detenidos, y hace señalamientos que no aparecen en el expediente”, precisó.
“Los coordinadores de VENTE en Yaracuy, Vargas y Trujillo fueron detenidos hace 21 días y aún no se sabe dónde están . Los familiares visitan todos los días al SEBIN y DGCIM y se los niegan“, enfatizó.
Torres condenó que los jueces con competencia en derecho de amparo no dan despacho y que la situación ha sido denunciada ante instancias internacionales.
“Introdujimos un hábeas corpus hace varias semanas y la juez que tiene 96 horas para decidir pega un cartel en el cual se informa que no hay despacho. El artículo 44 garantiza a los detenidos el derecho de ver de forma inmediata a sus abogados y familiares , y cuando esto se impide allí hay una desaparición forzada”, recalcó el abogado.
Puntualizó que en la Constitución de Venezuela se prohíbe la desaparición forzada y que serán penados con hasta 25 ańos funcionarios, civiles y militares que participen de dicho delito.
Afirmó que en este delito participan funcionarios, civiles y militares, nombrando también a la “Fiscalía General de la República”.
“No solo se están saltando los acuerdos de Barbados, también se están enfrentando a los organismos de Derechos Humanos, y lo más grave , a la Corte Penal Internacional, que está por abrir una oficina en Venezuela”, agregó.
Denunció que en casos de tortura ni la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo han hecho las investigaciones .
“Nosotros fuimos a la Fiscalía y denunciamos que funcionarios policiales le robaron la moto a un joven detenido, y la vendieron por Market Place . No se investigó ni la tortura ni el robo y venta de la moto”, señaló.
En ese sentido, hizo énfasis en los llamados tribunales anti terrorismo y el uso de presuntos testigos anónimos para tildar de terroristas a luchadores sociales.
“En Venezuela no hay terroristas, lo que hay son víctimas de la ausencia de respeto a los derechos constitucionales“, aclaró Torres.
En cuanto al caso de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Migue, aseguró que “el mundo entero está exigiendo la libertad de esta profesora universitaria y defensora de Derechos Humanos”.
Torres rechazó las declaraciones de Saab sobre una supuesta campaña contra el sistema de justicia en Venezuela .
“Hay una palabra devaluada. ¿Cuál campaña internacional? Son el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales , que denuncian esta barbarie”, enfatizó el abogado.
