La dirigente política Delsa Solórzano, a través de su cuenta en la red social X, emitió una serie de advertencias sobre el actual proyecto de Ley de Amnistía, calificándolo como un texto «sumamente incompleto y potencialmente peligroso». Según la publicación, el documento consta de 13 artículos y presenta limitaciones estructurales que condicionan su alcance y efectividad.
Solórzano detalló que el artículo 6 del proyecto restringe la aplicación de la amnistía a diez momentos específicos de conflictividad política en Venezuela, que abarcan desde el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de 2002-2003, pasando por diversos ciclos de manifestaciones (2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019), hasta los hechos vinculados a las elecciones presidenciales de 2024.
La dirigente subrayó que el texto excluye explícitamente a:
- Personas condenadas bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio.
- Causas bajo jurisdicción militar.
- Casos relacionados con el marco legal que permite la persecución política, el cual no sería derogado.
Al no contemplar la derogación de dichos instrumentos, Solórzano advierte que se mantiene abierta la posibilidad de realizar nuevas detenciones incluso después de aplicada la ley.
En su análisis discursivo, la política señaló que el proyecto no ofrece garantías para el retorno seguro de exiliados ni contempla el levantamiento de las inhabilitaciones políticas. Asimismo, destacó la ausencia de mecanismos para la reparación integral de las víctimas.
Otro de los puntos críticos señalados es que la amnistía no se plantea de forma automática. Según el artículo 9 de la propuesta, su aplicación debe ser solicitada y queda supeditada a una verificación judicial, lo que a juicio de Solórzano deja un margen de discrecionalidad en manos del sistema judicial vigente.
La publicación concluye afirmando que la propuesta es insuficiente para lograr una solución integral que asegure la justicia, la reconciliación y la restitución del Estado de derecho. Solórzano finalizó su pronunciamiento exigiendo la «liberación inmediata y sin más dilaciones de todos los presos políticos» y el restablecimiento del orden constitucional como requisitos para cualquier proceso de justicia y transición en el país.
