El Palacio de Justicia era un lugar que frecuentemente visitaba Eduardo Torres, defensor de derechos humanos e integrante del equipo legal del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). Torres, abogado «de a pie», de los que recorren tribunales con las leyes en la mano, acompañaba a los familiares de los presos por razones políticas en su búsqueda de respuestas. Pero a partir del pasado 9 de mayo, el activista se convirtió en víctima de lo que denunciaba: detención sin orden al salir de una reunión, desaparición forzada, incomunicación.
Este martes se cumplen cuatro meses de la aprehensión de Torres. El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó que estaba bajo custodia del Estado y que se lo vinculaba, presuntamente, con planes conspirativos contra las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo.
No hay información oficial sobre su centro de reclusión, pero extraoficialmente sus familiares saben que se encuentra en el Helicoide. «Está detenido desde el 9 de mayo e incomunicado desde el 9 de mayo», enfatizó Marino Alvarado, defensor de derechos humanos e integrante de Provea. «No lo han podido ver los familiares, no lo han podido ver los abogados», le asignaron un defensor público. Sin embargo, ha buscado la manera de comunicarse por vía indirecta para ratificar que se mantiene firme en sus convicciones.
Lo que se conoce es que fue imputado por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
La audiencia de presentación se hizo vía telemática. Alvarado recordó que introdujeron un recurso de amparo para rechazar que a Torres no se le permitiera tener un defensor privado. Ese amparo fue desestimado, Provea apeló la decisión y ahora le toca al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pronunciarse. Además, en la Sala Constitucional del máximo tribunal reposa un habeas corpus desde el 11 de mayo «pero no hay ninguna actuación, ninguna. Ni siquiera una que es obligatoria, de acuerdo con la ley, que es notificarle a la Defensoría del Pueblo».
Para este lunes 8 de septiembre estaba prevista la audiencia preliminar. Era la segunda vez que se convocaba, y nuevamente la cita resultó infructuosa. «La primera la suspendieron, y no dieron ninguna justificación. El argumento fue que los funcionarios del Sebin no lo trasladaron», detalló.
Al día de hoy, puntualiza Alvarado, el estatus de Eduardo Torres es «preso político en condición de sufrir trato cruel al estar incomunicado de manera prolongada. Es una forma de trato cruel». En el Sebin «los presos tienen alimentación» aunque ahora se «implementó el mecanismo por el cual solo permite llevar alimentos los días viernes». Torres recibe la comida de su familia y algunas medicinas, sí, pero «la familia no ha podido verlo».
Cuatro meses después, ¿a qué se debe la detención del defensor de derechos humanos? Alvarado la ubica como parte «de un patrón sistemático de persecución de la opinión crítica en el país. Como lo hemos dicho en Provea, aquí nadie está a salvo; en cualquier momento se pueden llevar a cualquier persona detenida por cualquier motivo». Y, también, como una retaliación por su activismo por los derechos humanos. «Trataron de silenciar a Provea, pero no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo enfocado en derechos humanos, en acompañar a los familiares, en acompañar a los sindicalistas para que haya salarios dignos, en acompañar a la gente que exige servicios dignos».
Si con la detención de Torres «pretendían callar a Provea no solo no lo han logrado sino que no lo van a lograr», expresó.
