El estudiante de Comunicación Social de 31 años, Juan Francisco Alvarado, cumple actualmente una condena de 15 años de prisión en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, tras ser hallado culpable de incitación al odio y rebelión. El origen de la causa judicial se remonta a una serie de denuncias realizadas por Alvarado sobre el colapso de los servicios públicos en su comunidad de Apartadero, estado Cojedes, reseñó SNTP.
Alvarado, quien padece una condición de salud crónica, utilizó sus redes sociales y la aplicación oficial del Estado, VenApp, para reportar el desbordamiento de aguas negras que le impedía el uso del baño en su residencia, así como la avería de transformadores eléctricos. Según testimonios de sus familiares, el joven simplemente informaba la verdad cuando era contactado por la plataforma estatal para verificar si los problemas habían sido solventados.
La detención de Alvarado ocurrió el 20 de marzo de 2025 en un punto de control en Portuguesa, basándose en una orden de aprehensión emitida en enero del mismo año por la Fiscalía Décima de Cojedes. Pese a que el caso pertenece a la jurisdicción de Cojedes, el estudiante nunca fue trasladado a dicha entidad.
El proceso penal ha sido objeto de cuestionamientos por parte de su defensa técnica debido a las condiciones en las que se desarrolló:
- Audiencias telemáticas: Desde la presentación hasta el juicio, todas las etapas se realizaron vía remota.
- Sentencia por teléfono: La audiencia de juicio, donde se dictó la condena de 15 años el pasado 11 de noviembre de 2025, se celebró mediante una llamada telefónica bajo el argumento de problemas de conectividad.
- Falta de testigos: Un miembro de la Juventud del PSUV, citado como testigo clave por el Ministerio Público, nunca compareció ante el tribunal.
La condena se fundamentó en capturas de pantalla de las cuentas de Instagram y Facebook de Alvarado, obtenidas a través de lo que las autoridades denominan «patrullaje cibernético». Entre las pruebas presentadas destacó un enlace que redirigía a la cuenta de la Comisión Nacional de Primarias de 2023, el cual fue interpretado como un llamado a la rebelión civil.
La defensa ha introducido un recurso de apelación denunciando la violación del principio de inmediación, que exige la presencia física del juez para una valoración justa de las pruebas. Los abogados sostienen que el experto presentado por la Fiscalía reconoció en el interrogatorio que los enlaces compartidos por Alvarado solo contenían datos electorales informativos.
Familiares de Alvarado vinculan la severidad de la condena a una presunta represalia política por parte de autoridades locales del estado Cojedes, tras las denuncias públicas sobre recursos asignados a obras que no fueron ejecutadas.
Juan Francisco Alvarado es identificado actualmente como uno de los cinco periodistas que permanecen privados de libertad en Venezuela por motivos políticos. Su caso persiste tras la reciente ola de excarcelaciones ocurrida entre el 8 y el 15 de enero de 2026, en la cual 19 trabajadores de la prensa recuperaron su libertad bajo medidas cautelares.
