Comité de Madres en Defensa de la Verdad afirma que la amnistía es resultado de la lucha de los familiares

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El Comité de Madres en Defensa de la Verdad aseguró que el anuncio y la discusión pública de una Ley de Amnistía en Venezuela son resultado de la lucha sostenida de los familiares de personas perseguidas, judicializadas o condenadas por razones políticas.

En un comunicado, la organización reivindicó el papel de los familiares —en especial de las mujeres— quienes, en su condición de madres, esposas, hermanas, abuelas y otros vínculos, han protagonizado una lucha que califican de digna y valiente, aun en un contexto de temor y represión. Según el comité, esta movilización ha permitido colocar en la agenda pública la necesidad de una ley que garantice la libertad plena de todas las personas afectadas por causas políticas.

El Comité exhortó a la Asamblea Nacional a garantizar una participación amplia y plural de los familiares y de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la discusión, implementación y verificación de la Ley de Amnistía. Asimismo, solicitó que se tomen en cuenta las propuestas ya presentadas por estos sectores, disponibles en la plataforma juntosporlaamnistia.org.

La organización reiteró que la amnistía debe formar parte de un conjunto de medidas más amplias orientadas a la redemocratización y reinstitucionalización del país. En ese marco, subrayó la importancia de que el Estado se comprometa a no perseguir ni reprimir a personas u organizaciones por razones políticas, y a que los cambios se impulsen sin violencia.

Además, el Comité insistió en la necesidad de acelerar las excarcelaciones mientras avanza la discusión legislativa. En particular, hizo un llamado por la pronta liberación de 37 personas que permanecen detenidas en Tocorón, una en Tocuyito, tres en el Comando de la GNB Desur13 de Punto Fijo y una en la comandancia de la PNB de Caraballeda.

Finalmente, la organización destacó que la aprobación y aplicación de una Ley de Amnistía no debe afectar el derecho de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos a una reparación integral, que incluya restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.

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