«La CIDH observa con gran preocupación los impactos desproporcionados producidos sobre las personas venezolanas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional generados por las medidas dirigidas a la contención del COVID-19 en los principales países de acogida y de tránsito en la región», subraya un pronunciamiento
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó su preocupación por los efectos del coronavirus en Venezuela y por sus consecuencias en los migrantes forzados venezolanos.
«La CIDH y su REDESCA advierten con grave preocupación los efectos de la pandemia ante la situación de extrema vulnerabilidad de las personas venezolanas debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país», señaló el comunicado.
La Comisión y la red «han venido observando como la grave de situación de derechos humanos que afecta a las venezolanas y los venezolanos en los últimos años se ha profundizado debido a la crisis humanitaria que ha generado la mayor crisis de desplazamiento de las Américas, y que llevó a cerca de 5 millones de personas venezolanas a desplazarse. En este complejo contexto, las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención de COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo».
La pandemia de COVID-19 «no puede ser utilizada como excusa para que los Estados evadan sus obligaciones de derecho interno e internacional en relación con poblaciones que necesitan especial protección. En este sentido, la CIDH observa con gran preocupación los impactos desproporcionados producidos sobre las personas venezolanas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional generados por las medidas dirigidas a la contención del COVID-19 en los principales países de acogida y de tránsito en la región».
La Comisión «reconoce la necesidad de adoptar medidas para prevenir la propagación de COVID-19, no obstante, advierte que dichas medidas no se deben fusionar con políticas y mecanismos migratorios que resulten en la ruptura del principio de no devolución (non-refoulement) u obstaculicen el acceso a los instrumentos de protección adecuados».
Igualmente «consideran urgente que los Estados incorporen en sus programas y planes de prevención y asistencia las necesidades de emergencia de los cerca de 5 millones de personas venezolanas fuera de su territorio, entre otros millones de personas refugiadas y desplazadas en la región, que serán especialmente afectadas por la crisis epidemiológica».
