Mucha tela se corta para tratar de confeccionar la ley de amnistía que discute el parlamento venezolano. He aquí uno de los temas que surgió en unas de las consultas públicas sobre este instrumento legal : los adolescentes.
“Los adolescentes no pueden quedar excluidos del debate sobre la admnistía”, es la sentencia que hizo el coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) Carlos Trapani, quien alertó que este Proyecto de Ley debe hacer consideraciones especiales en este sentido.
En una de las jornadas de consulta pública realizadas por el grupo parlamentario “Libertad”, Trapani llamó la atención sobre este sector de la población que ha sido afectado por la violencia política y no puede ser dejado de lado.
Cecodap ha registrado por lo menos 220 casos de adolescentes judicializados y llama la atención sobre un caso -en el estado Lara- donde un joven fue sentenciado por terrorismo.
“Los adolescentes tienen tienen derecho a la certeza jurídica, al cierre definitivo de los procesos y a consideraciones especiales acorde a su condición de vida. El daño producido por la judicialización va más allá del expediente”, indicó Trapani al exponer sus planteamiento sobre el Proyecto de Ley de Amnistía.
Advierte que la judicialización prolongada impacta la trayectoria educativa de los adolescentes afectados y debilita sus vínculos familiares y comunitarios.
“Además condiciona de manera real la posibilidad de reconstruir un proyecto de vida. Incluso cuando se concede la libertad, el daño persiste si los procesos no se cierran de forma definitiva”, sentenció el abogado.
«Justo, severo, pero hace daño«
El abogado y experto en derechos del niño indicó que identifican este fenómeno como “trauma judicial” y la definen como “una afectación profunda derivada del contacto constante con un sistema de justicia hostil, impredecible y carente de garantías. El sistema penal de adolescente es justo, pero es severo, hace daño”.
“Más de 220 adolescentes han sido sometidos a procesos penales luego del 28 de julio 2024 y han vivido una judicialización que en los hechos se convirtió en una forma de castigo anticipado. Esta realidad debe ser el punto de partida para evaluar la ley de amnistía y su verdadera capacidad para reparar y para no repetir”, señaló Trapani.
Alertó que la amnistía no puede aplicarse “como si todos fueran adultos”.
“El proyecto de ley de amnistía está concebido como una norma de carácter general orientada a la paz social y a la convivencia democrática. Eso está bien. Sin embargo, presenta una omisión sustantiva: no incorpora de manera expresa un trato diferenciado para estos adolescentes”, alertó.
En su exposición frente a los diputados del grupo parlamentario Libertad, en el que estaba la vicepresidenta de la Comisión Especial para Redactar el Proyecto de Amnistía para la Convivencia Democrática, Nora Bracho, indicó que el tema de los adolescentes “no es una demanda política, es una exigencia jurídica derivada de la Constitución, de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
“Aplicar la amnistía con las mismas lógicas del derecho penal ordinario, desconoce la existencia de un sistema de justicia penal para los adolescentes y no reduce el daño que la propia ley busca corregir”, advirtió Trapani.
Ni privilegio ni clemencia
El coordinador general de Cecodap señaló que “priorizar a los adolescentes en una ley de amnistía no es un regalo, no es un privilegio, no es un acto de clemencia, sino es una acción concreta en la construcción de la convivencia y la paz”.
“Cada adolescente que logra salir de un proceso penal injusto, retomar su educación y quiere construir su proyecto de vida en un factor de cohesión social. Por el contrario, sostener procesos prolongados, sentencias desproporcionadas, controles judiciales indefinidos alimentan el resentimiento, la desconfianza institucional y fracturas sociales que terminan afectando a toda la sociedad, incluyendo a los adultos”, alertó Trapani.
Más adelante indicó que “una amnistía verdaderamente restaurativa debe ir más allá de la excarcelación”.
Tomando en cuenta los estándares internacionales indicó que una ley con enfoque de protección integral debe, “como mínimo, priorizar expresamente a los adolescentes, tanto con medidas cautelares como procesos abiertos”.
“La ley debe reconocer expresamente que los adolescentes y a quienes eran adolescentes al momento de que los hechos se cometieron constituye un grupo de protección reforzada, por tanto deben ser atendidos como forma preferente y expedita”, sugirió el experto en derechos del niño.
Hizo hincapié en la necesidad de “extinguir de forma plena y definitiva los procesos, incluidas sentencias desproporcionadas, calificaciones incompatibles con la justicia juvenil como el terrorismo. La libertad sin cierre procesal no es una verdadera libertad. Mantiene al adolescente bajo la amenaza constante y prolonga el impacto psicológico del sistema penal”.
“Eliminar de manera automática inmediata registros antecedentes, evita la estigmatización a partir de la entrada en vigor de la ley, sin necesidad de solicitud de parte interesada, declaración judicial o petición del Ministerio Público”, dijo Trapani.
La reparación
Al hablar de la reparación que debe hacer el Estado a los adolescentes indicó que esto debe vincularse “con el acompañamiento psicosocial y reintegración educativa, reconociendo el daño causado”.
“La ley debe prohibir expresamente la criminalización de adolescentes en el contexto de protesta social. Establecer protocolos de diferencia de actuación policial, fortalecer la justicia juvenil especializada y crear un mecanismo de supervisión independiente. Sin estas transformaciones estructurales, la amnistía corre el riesgo de convertirse en un ciclo de liberaciones tempranas seguidas de nuevas vulneraciones”, señaló el coordinador general de Cecodap.
Recoce el abogado que el proyecto tiene avances importantes, “pero presenta vacíos que deben corregirse si se quiere proteger efectivamente a los adolescentes”.
Indicó que al no establecerse desde el inicio que la amnistía debe aplicarse considerando las diferencias jurídicas y fácticas entre personas adultas y los adolescentes, “el proyecto deja abierta la posibilidad de una aplicación homogénea fundada exclusivamente en parámetros de derecho penal ordinario”.
“Estas omisiones pueden producir demoras justificadas en la prolongación de medidas restrictivas o en la ejecución de sanciones que no tienen un fin restaurativo”, alertó.
Trapani aclaró que “estos vacíos no deslegitiman la ley, pero sí reducen su eficacia y su coherencia con el marco constitucional vigente”.
“La ley de amnistía es una oportunidad para cerrar ciclos de injusticia y reconstruir la confianza institucional. Para que la ley cumpla realmente su objetivo, los adolescentes no pueden quedar invisibilizados ni excluidos del análisis”, dijo finalmente el coordinador general de Cecodap.
