Familiares de presos políticos, liderados por Andreína Baduel, hermana del detenido Josnars Adolfo Baduel, se concentraron este jueves por tercera vez en menos de un año ante la sede del Ministerio para Servicios Penitenciarios en Caracas. La movilización tuvo como objetivo denunciar la persistencia de torturas y condiciones de reclusión que vulneran los derechos humanos en diversos centros del país.
Durante la jornada, Baduel reiteró que el Estado no ha mostrado disposición para modificar las políticas carcelarias y señaló al ministerio como «cómplice» de los abusos reportados en recintos como el Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro. Según la vocera, en estas instalaciones se utiliza el encapuchamiento y el aislamiento como herramientas de humillación tanto para los detenidos como para sus visitantes.
“Debemos denunciar que el régimen no tiene la disposición de hacer las cosas distinto; que en las distintas cárceles del país este ministerio ha sido cómplice de las torturas porque no solamente las ordena, sino que ha sido cómplice”, afirmó Baduel frente a los medios de comunicación.
Como parte de la protesta, los familiares recrearon las condiciones de las visitas en el Rodeo I, donde aseguran que los internos son obligados a presentarse encapuchados y esposados para interactuar con sus parientes a través de un vidrio y un teléfono. Baduel calificó estas prácticas como «condiciones de horror» que atentan contra la dignidad de las familias.
Asimismo, la dirigente y defensorda de DDHH alertó sobre la situación de su hermano y otros detenidos que fueron trasladados tras periodos de desaparición forzada, advirtiendo que sus vidas corren un «riesgo inminente de muerte» debido a las secuelas de torturas previas y la falta de atención adecuada.
Andreína Baduel encabezó la comitiva que ingresó a la sede ministerial para entregar sus reclamos y sostener una reunión con el jefe del Departamento de Familia. Tras el encuentro, informó que el funcionario manifestó desconocer muchas de las situaciones denunciadas por ser nuevo en el cargo, respuesta que Baduel interpretó como un intento de «ocultar la realidad».
“El ministerio no solamente ordena la tortura, sino que es cómplice de ella porque no ha hecho las cosas distinto. Seguiremos alzando la voz y evidenciando que en Venezuela se tortura y se cometen crímenes de lesa humanidad”, sentenció tras salir de la institución.
A pesar de que las autoridades prometieron revisar las denuncias, los familiares manifestaron su escepticismo ante la falta de resultados concretos de gestiones anteriores. El colectivo reafirmó ante la prensa que mantendrá las denuncias semanales y la presión pública hasta que se garantice el respeto a la integridad física y psicológica de los presos políticos en Venezuela.
