El ataque que Estados Unidos llevó a cabo hace un mes contra Venezuela y terminó con la salida por la fuerza del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituyó «un uso ilegal de la fuerza», advirtió este martes Amnistía Internacional (AI), al tiempo que señaló que aun en medio de este escenario la «maquinaria de represión no se detuvo».
La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, aseguró que la operación militar estadounidense constituyó «una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas», así como «un acto de agresión» que puso «en peligro a la población civil» y «destruye las salvaguardias del derecho internacional».
«El uso de la fuerza por parte del Gobierno de (Donald) Trump no solo fue ilegal, sino que podría alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro», dijo Callamard, citada en un comunicado de prensa.
Según Amnistía, en medio de la incertidumbre generada por «la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a la creciente interferencia de Estados Unidos, la falta de soluciones integrales y duraderas en materia de derechos humanos y amenazas de un daño adicional a sus derechos y su seguridad».
«La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa, hasta ahora, con el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Aunque algunas personas detenidas están siendo liberadas, no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición», señaló Callamard.
Al mismo tiempo, prosiguió, las amenazas al espacio de la sociedad civil «persisten, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones siguen enfrentando el riesgo de persecución y criminalización».
Señaló que, durante los primeros días del Gobierno encargado, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia y los grupos armados progubernamentales «han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero».
«Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas», expresó Callamard.
En ese sentido, explicó que la denuncia de la acción militar estadounidense «no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno venezolano».
«Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del Gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas», exigió.
A su juicio, las «amenazas abiertas» de Trump sobre «intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre ‘dirigir’ Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo».
«Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN», denunció al tiempo que hizo un llamado a oponerse a estos «esfuerzos impudentes».
