La manifestación de este jueves 23 de febrero reunió a docentes que exigen un salario de 600 dólares al mes, profesoras a quienes les han suspendido el sueldo presuntamente por protestar y otros trabajadores que se solidarizaron
Siempre le puso su voz a la protesta, y este jueves 23 de febrero no fue la excepción. Alí Primera, el «cantor del pueblo», acompañó con sus canciones la concentración de las maestras de Caracas que corearon consignas, entregaron un documento en la Inspectoría del Trabajo e hicieron una cadena humana para denunciar que el hambre las acosa. «Yo no me quedo en la casa/ pues al combate me voy/ voy a defender La Puerta en el Valle del Momboy», entonaba Primera en sus años de lucha. «Si quieren que claudiquemos/ gusto no les vamos a dar/ vamos a defender derechos/ y eso es constitucional», versionaron las docentes más de 30 años después.
«Docente ponte pilas», rezaba la franela que llevó a la protesta la presidenta de Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi), Gricelda Sánchez. Carta en mano -dirigida al inspector Rafael Mayor- Sánchez relató que la crisis del magisterio no es nueva, pero se profundizó en 2018 y se hundió aún más en 2022.
«No es posible que la ministra salga en tiempo de Carnaval a decir que pasaron los mejores Carnavales y que no se pronuncie y no atienda el reclamo de los más de 487 mil docentes activos que hay en Venezuela». Con los Carnavales se quiso dar una sensación de normalidad que no es tal, sentenció.
Al inspector le solicitó «que instale una mesa en la que se discutan los reclamos que estamos haciendo los trabajadores del sector educación» y al gobierno le exigió «que entienda que deben firmar un contrato colectivo que nos permita vivir, que nos permita volver a las aulas». Descartó que haya bloqueo económico y replicó: «Lo que hay es un bloqueo mental».
La aspiración de Fordisi es que el salario del sector educación sea de unos 600 dólares. Lo mismo, aseveró, que piden las federaciones magisteriales. «Ese tiene que ser el piso de la discusión», resaltó.
Yanett Cazorla, dirigente del Colegio de Licenciados en Educación, recitó las normas que los amparan. «Estamos actuando conforme a la ley», refirió. A los directores de planteles les recordó «que la libertad sindical es un derecho» y que no deben acosar a quienes protestan. Ese hostigamiento ocurre en casi todas las escuelas, alertó, aun cuando los trabajadores se encuentran «en condiciones infrahumanas». Cazorla contrastó lo que ganan los docentes (entre 200 y 300 quincenales, aún con títulos de maestría) con lo que esperan recibir: 600 dólares. «Que se firme el contrato. Ya es hora. Son dos años y 10 meses de su vencimiento, 14 meses en una mesa de discusión y todavía no logran darles respuesta a los educadores».
Desde hace 17 años Lourdes Villarreal es docente de la escuela técnica Lino Gallardo. «Doy artes escénicas y ahora también doy castellano porque no hay profesores. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando hago el diagnóstico de lectura me encuentro con niños de 14 años que no saben leer. Tenemos que enseñar a los niños a leer», comentó, alarmada. Villarreal ilustró, como buena maestra, la crisis en la que vive: «Vas a un hospital y tienes que tener 300 dólares. Pasa un evento con un familiar y no tienes seguro funerario. En mi escuela Lino Gallardo no hay agua, no hay dónde orinar». Si «te enfermas con una gripe, no tienes cómo comprar ni un antibiótico».
-¿Han logrado algo en estos años de protesta?
-Creo que sí, porque hemos sensibilizado a los maestros, los obreros, los administrativos. Los estados que no salían ahora están en la calle.
A ella le suspendieron su salario (330 bolívares al mes) en enero y le prometieron reactivarlo en marzo. Cree que se lo quitaron -incluido el bono que pagó el gobierno- por participar en las protestas. «No me puedes obligar a que sea esclavo tuyo», remarcó. «Aunque que te quiten el salario no te quita ni te da, porque eso no es nada». Vive «de lo que salga», de su trabajo como peluquera. «He tenido que hacer cosas que, me guste o no, debo hacer». Reivindica su derecho a protestar pacíficamente: «No soy esclava, creo en lo que hago y digo que la gente tiene que despertar. Los policías tienen que despertar, los militares tienen que despertar. Los maestros no somos esclavos».
Funcionarias y funcionarios de mediación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) organizaron el grupo para que fuese recibido por personal de la Inspectoría.
«Sin maestros esta sería tu firma». Con este cartel manifestó Rosa Hernández y con este cartel se desmayó. Sus colegas la sentaron en una acera. Algunos le dieron agua. Otros, le pusieron alcohol debajo de la nariz. Un periodista, generosamente, compró caramelos para endulzar sus carencias. Nadie pudo determinar si Rosa tenía alguna enfermedad crónica o pasaba hambre. Pero varios profesores sentenciaron que acuden a las manifestaciones, la mayoría de las veces, con el estómago vacío.
Juan Carlos Blanco, profesor jubilado de la Gobernación de Miranda y del Ministerio de Educación, estuvo cerca de Rosa con sus propias demandas. «Actualmente soy profesor universitario, doy clases de metodología de la investigación en la Universidad Simón Rodríguez y doy clases de geografía económica en el Instituto Nuevas Profesiones», puntualizó. Entre las dos jubilaciones consigue unos 1.500 bolívares al mes: «Al lado de otros maestros soy privilegiado, pero es triste todo. Soy hipertenso, tengo un trasplante de córnea, tengo secuelas de diabetes por mis padres diabéticos». A sus condiciones de salud se añaden las consecuencias del disparo que le propinó un estudiante en Caucagüita porque no pasó la materia.
Con un salario base de 130 bolívares «todo el mundo tiene que reinventarse», explicó Blanco. «Nadie vive con eso. Nadie». Él quisiera que el gobierno recapacite. «Dicen que hay bloqueo, pero hubo Serie del Caribe, hubo unos Carnavales espectaculares… Explícame».
Rosa Hernández volvió a sonreír, rodeada de otras maestras que luchan por lo mismo. Pero minutos después se desmayó de nuevo. La cargaron y corrieron con ella hacia la sede del Seguro Social ubicada detrás del Ministerio de Educación, en la esquina de Salas. Un funcionario de la PNB ayudó a moverla de un lado a otro.
«Háblale, háblale», le ordenó una maestra a otra, mientras subían la calle hasta la esquina de Salas.
Por varios segundos se detuvieron, sin saber qué hacer, e intentando reanimarla.
A gritos lograron que se detuviera una ambulancia conducida por personal del Metro de Caracas.
Consiguieron que la ambulancia la trasladara a un centro de salud. Al Ipasme, solicitaron. Hermanadas por esa emergencia, las docentes que manifestaban y el uniformado de la PNB bromearon y olvidaron las diferencias.
Una cadena humana antecedió la entrega de la carta a la Inspectoría. Las maestras se tomaron de la mano para darles más fuerza a las consignas que salían de sus bocas.
Gricelda Sánchez y Yanett Cazorla ingresaron a la dependencia del Ministerio del Trabajo para expresar sus inquietudes.
La vida en el bulevar Panteón siguió su rutina de los jueves. A menos de una cuadra, la Defensa Pública se mantenía con su acostumbrada cola de usuarios. Algún que otro funcionario, acompañado por sus escoltas, cruzaba presuroso de una esquina a otra. MIentras, en la Inspectoría se vieron, frente a frente, dos «lados de la acera» de la polarización venezolana.
La posición de la Inspectoría
Hernán Iriarte, director estadal del Ministerio del Trabajo, apuntó a contrapunto.com que lo primero que hicieron con las docentes fue ofrecerles una orientación general, porque algunas cosas «no se están haciendo adecuadamente». Iriarte precisó que el amparo que solicitan los maestros debe ser individual y no colectivo.
«La protesta que ellos hacen es una protesta general, de índole salarial, que no depende de la Inspectoría del Trabajo, que no depende de la dirección del Ministerio del Trabajo. Entendemos que hay diálogo entre federaciones para ese tema. Ese tema no es competencia de nosotros como institución, sino que hay acuerdos y se están manejando mesas para tocar ese tema. Nosotros no tenemos el conocimiento ni la cualidad para manejar ese tipo de información», agregó.
En la Inspectoría, como lo indicó, recibieron el documento «porque la orden de nuestro ministro, Francisco Torrealba, es atender a todo el mundo por igual». Independientemente de sus razones, especificó Iriarte, «la forma no es la adecuada y les dimos las orientaciones». Es decir, un trabajador puede ampararse y hacer su reclamo de manera individual. Aclaró que no es su competencia adelantar gestiones ante el Ministerio de Educación y apuntó que hay temas internos del movimiento sindical en los que no participan. «Nosotros les dimos las orientaciones necesarias en cuanto a nuestra competencia y, por supuesto, les recibimos el documento», expresó.
El grupo de maestras terminó la manifestación con una carta entregada en una institución del Estado y un reclamo acompañado por los transeúntes, la mejor evidencia de que el malestar social sigue hirviendo a fuego lento.
