El proyecto de ley para regular las ONG, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, «pone en riesgo la ayuda humanitaria. La pregunta es: ¿Qué van a hacer los donantes de esa ayuda humanitaria?», se pregunta Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, alerta que «lo que se quiere controlar, definir, normar, regular es toda acción colectiva»
«Primero se llevaron», del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, se ha convertido en el texto que acompaña cualquier intento de quebrar la indiferencia. Aun cuando no lo citaron, las más de 100 organizaciones que este viernes 27 de enero se pronunciaron contra la ley para regular las ONG sí recogieron el espíritu de Brecht al insistir en que la norma es solo «la punta del iceberg».
«Esta no es una ley contra las organizaciones no gubernamentales solamente; esta es la punta del iceberg, es la excusa», concluye Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz. «Aquí lo que se quiere controlar, definir, normar, regular es toda acción colectiva. El derecho asociativo es algo vinculado con la dignidad del ser humano. Yo me puedo asociar con una persona más, con dos, con un grupo, para hacer una acción que considero que puede ser un bien para mi país, para mi nación, para mi colectivo».
La ley pretende, a su juicio, «controlar la independencia de actuación de la sociedad civil». Por ello «no estamos en riesgo las organizaciones humanitarias que están al frente, que son el primer eslabón de atención a los más vulnerables, sino personas defensoras de derechos humanos que acompañan en la CPI, que acompañan en el sistema, que de alguna forma son un muro de contención frente a mayores atropellos».
Esta es una ley que se ha hecho «de manera apresurada y que está buscando el control, por lo que podemos calificarla como una ley totalitaria», alerta Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. Es una ley «ontológicamente represiva», porque «no le basta con ilegalizar las organizaciones, sino que quiere que dejen de existir. Ese es el término que utiliza el proyecto: se declaran inexistentes las que no estén inscritas en el registro. Esto no es algo menor, no es ilegalizar: es que no existimos. Negar la esencia de ser de una persona es negar su humanidad».
«La intención no es generar un marco regulatorio coherente, sino reprimir. Un elemento que pone de manifiesto la improvisación es el hecho de que, el mismo día que se presentó el proyecto, el proyecto cambió de nombre en tres ocasiones, como se pone de manifiesto en la agenda legislativa del día. Un proyecto de ley del que ni siquiera se sabía el nombre al momento de ser introducido ya nos habla de improvisación», detalla Daniels.
En consecuencia las organizaciones van a activarse, a pesar de las dificultades para acceder a un sistema de justicia independientes. «Vamos a hacer la denuncia pública, informar a los venezolanos que no es un tema que nos va a afectar solo a nosotros sino que va a afectar a millones de venezolanos que están padeciendo una emergencia humanitaria compleja», precisa. También han sido notificados los relatores de Naciones Unidas y los órganos de protección internacional. «Y una cosa muy importante: esto pone en riesgo la ayuda humanitaria. La pregunta es: ¿Qué van a hacer los donantes de esa ayuda humanitaria?», se preguntó. «Aunque se hace en el marco de Naciones Unidas la ejecución final en la mayoría, por no decir todos los casos, es a través de ONG».
-¿Qué espera que hagan los países donantes?
-Esperemos que los países eleven sus voces y hablen con el gobierno. Por supuesto, si nos llaman a la Asamblea Nacional, no tenemos ningún problema en asistir y en explicarles que, aunque hayan buscado unas cosas en internet. internet también mienten. Hay cosas que son absolutamente falsas, como que las ONG las creó la Carta de Naciones Unidas.
Estos son algunos elementos que contempla el proyecto, y los argumentos con los que las organizaciones los refutan.
Registro. No es necesario un nuevo registro porque ya están en varios registros y, además, están en el Seniat, el IVSS y organismos como el Inces, apunta Daniels. Sin embargo la ley está incorporando el registro para la defensa integral de la nación, la oficina contra legitimación de capitales, el Saren y la declaración jurada de patrimonio.
La declaración de patrimonio la deberán hacer hasta los empleados de las organizaciones. «¿Qué sentido tiene hacer una declaración jurada de patrimonio si no manejas fondos públicos?».
Se están sumando requisitos que dificultan el derecho de asociación, indica, y «es tal el cúmulo de exigencias, que cuando terminas un papel se te vence otro. Está diseñado con el fin de que no podamos cumplir» y sancionar.
Además de que no se siguen los tratados internacionales suscritos por el Estado tampoco se dice que la potestad del Estado de establecer límites «a su vez tiene límites, y esos límites están en los tratados internacionales de derechos humanos. No es cierto que se puedan limitar derechos de manera absoluta, porque el Estado tiene sus propios límites. Los derechos humanos son la demostración de que el poder necesita ser restringido».
¿Cuáles son los «afines»? La ley dice que se regularán las organizaciones no gubernamentales y afines, pero «no se hace referencia a qué se entiende por afines», acota Daniels. El «afines» es «cualquier organización social, de sociedad civil, que va a ser controlada no solamente en su actuación sino en sus objetivos, y obligada a dar información de lo que hace y de sus beneficiarios», enfatiza Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz.
¿Estatización de las ONG? Acceso a la Justicia advierte que la norma no busca fiscalizar, sino controlar. «La intromisión del Estado es de tal naturaleza, que cambia el régimen jurídico de las organizaciones y las estatiza parcialmente». Prácticamente para cada cosa que haga una organización «va a tener que pedir permiso».
Otro elemento es que el Estado podrá meter en las ONG a quien considere. Por ejemplo, obligar a que un funcionario de la PNB sea incluido en Provea.
¿Rendir cuentas? Como lo aclara el profesor, «no es cierto que las ONG no estén reguladas». El Código Civil «establece el régimen jurídico que desde hace décadas regula las organizaciones sin que haya problema al respecto».
¿Asociaciones de hecho? El derecho de asociación se ejecuta cuando varias personas deciden asociarse con un fin específico, explica Daniels, y posteriormente se notifica al Estado la voluntad de asociarse. El Código Civil venezolano reconoce las asociaciones de hecho, y también lo hacen los organismos internacionales porque se parte de la voluntad de asociarse: «Es Estado lo que hace es registrarlo, no autorizarlo». Cambiar este régimen legal, como lo plantea el proyecto de ley, «es regresivo, y la regresión en derechos humanos viola el principio de progresividad».
El proyecto de ley dice que las asociaciones solo podrán actuar en la circunscripción donde se hayan registrado, y de lo contrario, tienen que pedir un permiso, comentó el jurista.
Sanciones que anulan. El monto de las sanciones es una forma de liquidar las organizaciones, evalúa Daniels. «Cuando una persona comete una infracción de tránsito le ponen una multa para que no lo vuelva a hacer, pero no le quitan el carro. A nosotros nos van a quitar el carro. Nos están imponiendo multas que son confiscatorias. El 99% de las organizaciones no puede pagar la multa más baja, que es de 3 mil dólares. Ninguna puede pagar la multa máxima de 12 mil dólares. Es confiscatoria. A partir del momento en que te impongan esa multa tienes que cerrar».
