«Las autoridades parecen querer desarticular y neutralizar cualquier clase de movimiento cívico que pueda darle algún tipo de organización y conducción al creciente malestar social»
La organización Acceso a la Justicia denunció que el gobierno de Nicolás Maduro prefirió ignorar las recomendaciones de la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, y lanzar una ola represiva contra la sociedad civil.
«‘Adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente’. Esta era una de las recomendaciones que la saliente alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le hizo al Gobierno de Nicolás Maduro para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, en el último informe que le presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la nueva ola represiva que las autoridades venezolanas han lanzado contra la sociedad civil organizada en la primera semana de julio deja en claro que han decidido ignorar dicha petición», señaló la ONG en un comunicado.
Acceso a la Justicia indicó que, «entre el 4 y 7 del presente mes, es decir, en cuestión de setenta y dos horas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a siete dirigentes sindicales, profesores universitarios y trabajadores humanitarios. Uno de los aprehendidos es el profesor universitario y líder social Alcides Bracho, quien fue capturado en su casa el lunes 4 de julio. Ese mismo día fue arrestada en Ocumare del Tuy (Miranda) Yeny Zorelis Pérez en lugar de su esposo, el dirigente político José Castro, por no saber de su paradero. Al día siguiente fueron privados de libertad el presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Emilio Negrín, en la parroquia El Junquito; y en el estado Falcón el dirigente político Alonso Meléndez. Este último permaneció en paradero desconocido durante varias horas».
La organización recordó que siguieron las detenciones. «El día 6 las detenciones continuaron, y en Charallave (Miranda) fue aprehendido Néstor Astudillo. En las siguientes horas corrieron la misma suerte Reynaldo Cortés y el miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y trabajador humanitario, Gabriel Blanco, quienes fueron privados de su libertad».
Entre el miércoles 6 y el sábado 9 «seis de los aprehendidos (Bracho, Meléndez, Negrín, Astudillo, Cortés y Blanco) fueron llevados al Tribunal 4 de Control con competencia contra el Terrorismo de Caracas, instancia que aceptó la imputación por conspiración y asociación para delinquir que el Ministerio Público (MP) presentó contra ellos y acordó mantenerlos preventivamente tras las rejas».
El sábado 9 de julio «en horas del mediodía, Yeny Pérez fue puesta en libertad. Es el caso también de Jesús Manuel Berbesí, militante del partido Bandera Roja en el estado Táchira, aprehendido ese mismo sábado en horas de la mañana. Pese al grave señalamiento, hasta el momento las autoridades no han aclarado contra quién presuntamente estaban complotando los detenidos ni cuál era su fin último. El chavismo ha hecho de la denuncia por conspiraciones una de sus armas preferidas para justificar medidas judiciales contra sus detractores. Sin embargo, apenas hay juicios con condenas al respecto, pues la mayoría se queda en una etapa preliminar del proceso penal».
Esto confirma que «las autoridades parecen querer desarticular y neutralizar cualquier clase de movimiento cívico que pueda darle algún tipo de organización y conducción al creciente malestar social».
