Eran al rededor de las diez de la mañana cuando los amigos, familiares y defensores de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo se acercaron al Palacio de Justicia. La intención era solidarizarse con los detenidos, que «han sido incriminados por los factores de poder» y pedir su liberación inmediata, dicen algunos de los allegados que el «policía cooperante» que debe dar su testimonio no lo ha hecho en las tres audiencias anteriores, además, una de las amigas y defensoras de los detenidos reveló que de hacerlo lo hará vía telefónica.
«Es injusto que te metan preso por protestar y defender los derechos laborales de todo un gremio», dijo una de las asistente que con su teléfono grababa a los efectivos de seguridad que a cada momento grababan y tomaban fotos a los que estaban reunidos en la pequeña concentración.
Mientras que José Patinez argumenta que ya no se pelea los derechos al salario digno, pues asegura que ya la batalla se debe hacer políticamente. «Esto es político, el primero de mayo nu hubo reivindicación por parte de Nicolás Maduro. Las luchas sociales a esta hora deben ser acompañada con las luchas políticas y el acompañamiento de los dirigentes, esto se arregla cuando se vayan de Miraflores».
Recordaron que han acudido a varias instituciones del Estado solicitando audiencias con quienes dirigen estas instituciones, pero las respuestas han sido negativas «si es que responden».
«Estamos exigiendo la libertad y seguimos exigiendo la libertad porque no hay elementos probatorios en su contra. No hay prueba alguna que los condene y por la que los sigan manteniendo detenidos», subrayó Diannet Blanco, esposa de uno de los detenidos.
Eduardo Torres, abogado de los seis luchadores sociales, detalló que la audiencia fue pospuesta nuevamente porque la Fiscalía no ha podido llevar un órgano de prueba. Falta lamentablemente «el patriota cooperante, quien inicia la denuncia, pero ahora se devela la mentira que es lo que precisamente hemos dicho durante todo este año. Hoy se cumple un año de la detención del profesor Bracho, quien fue el primero de los detenidos y hasta la fecha no ha aparecido el que puso la denuncia. La justicia venezolana sigue violando las leyes y la Constitución del país».
Además, Torres celebra que Volker Türk, nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en su informe para Venezuela, en el numeral 15, realizó varios apartados en el documento mundial.
«A pesar de la reducción de casos documentados desde años anteriores, el ACNUDH documentó 12 casos de criminalización de dirigentes sindicales y laborales, entre ellos una mujer, nueve de los cuales fueron detenidos, así como hostigamiento a siete dirigentes sindicales, secuestro de un familiar de un dirigente sindical y amenazas contra cuatro (una contra un familiar), ya sea por parte de presuntos funcionarios del Estado o de colectivos. Por ejemplo, entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron detenidos seis líderes sindicales y laborales, entre ellos un representante de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), acusados de conspiración y asociación para delinquir en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 13 de septiembre de 2022, los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales enviaron una comunicación al gobierno expresando su preocupación por este caso y solicitando la cooperación y observaciones del Gobierno. En el momento de esta publicación, no se había recibido una respuesta. Su juicio comenzó el 6 de febrero de 2023 y sigue en curso. El ACNUDH también documentó un caso de despido de un trabajador supuestamente por su participación en protestas pacíficas en Bolívar», dice parte del informa presentado por Türk.
