El 1° de junio inicia el despliegue de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, que se ejecutará de forma simultánea en todo el Territorio a través de ocho circuitos territoriales, contemplando jornadas intensivas de debate de tres días consecutivos por cada estado del país.
El Ministerio Público informó en una nota de prensa que la Consulta se desarrollará en mesas de trabajo estadales que estarán integradas con figuras del sistema de justicia como jueces, fiscales, defensores públicos y jueces de paz, junto al poder popular organizado que incluye a comunidades, escuelas, comerciantes, empresarios, mujeres, jóvenes, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, estudiantes de derecho, entre otros.
Paralelamente, la consulta incluirá el aporte de academias, profesionales del derecho, organizaciones civiles, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Penitenciario, el sector de Justicia Militar y agencias de las Naciones Unidas.
Los encuentros regionales combinarán exposiciones institucionales, ponencias académicas y debates en plenaria.
Paralelamente, la Consulta se sustentará en estudios especializados que abordarán de forma integrada áreas como política criminal, celeridad procesal, ética, garantías del debido proceso, innovación tecnológica y justicia especializada (género, adolescentes, diversidad sexual e indígena y protección animal) complementada con el análisis de innovación tecnológica y medidas alternativas a la pena privativa de libertad.
Esta iniciativa estructural, orientada por la Presidenta Delcy Rodriguez y coordinada por el secretario ejecutivo de la Comisión para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, y Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, busca consolidar un verdadero Estado Social de Derecho y de Justicia mediante la transformación del sistema penal venezolano.
El fiscal general Larry Devoe invitó a participar en la jornada. «Queremos escucharlos a todas y todos, para construir juntos un diagnóstico compartido y una hoja de ruta que marque el camino hacia la transformación profunda del sistema de justicia penal de nuestro país», señaló.
