La ONG Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela advirtió el domingo, Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que el «derecho a saber sigue en deuda» en el país, donde -denunció- la ciudadanía «continúa sin contar con mecanismos legales ni garantías efectivas que aseguren el acceso a datos públicos de interés colectivo».
En una nota, la organización no gubernamental aseguró que «la opacidad estructural, la censura sistemática y la desinformación promovida desde el poder mantienen a la ciudadanía sin garantías reales de acceso a datos públicos confiables».
Señaló que cifras sobre salud, educación, economía, seguridad y gestión estatal «permanecen ocultas o fragmentadas, lo que limita la participación ciudadana y el control democrático».
El Banco Central de Venezuela (BCV), por ejemplo, no publica datos sobre la inflación desde octubre de 2024.
A esta «falta de transparencia», prosiguió la ONG, se suma la que denomina como «asfixia deliberada contra los medios y periodistas».
En ese sentido, indicó que hay «61 medios independientes bloqueados en internet, más de 90 dominios afectados y restricciones a plataformas como X, YouTube, TikTok, Signal y Telegram«.
Además, 15 periodistas y trabajadores de la prensa están «presos, de los cuales en siete casos no existe información oficial sobre su paradero ni sobre los procesos en su contra».
IPYS alertó también de un «hostigamiento cotidiano contra la prensa», a través, dijo, de la «destrucción y confiscación de equipos, amenazas, amedrentamiento y vigilancia intimidatoria».
Según la organización, más de siete millones de personas en el país «viven en desiertos de noticias, es decir, en municipios donde no existen medios locales activos o la oferta es tan limitada que no satisface las necesidades de información de la población».
«En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, reiteramos que sin datos públicos, sin medios libres y sin garantías para el periodismo se vulnera de manera estructural el derecho ciudadano a saber», expresó.
Por tanto, IPYS exigió al Estado venezolano «cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la transparencia, el pluralismo y la libertad de expresión».
Este domingo, el Gobierno de Nicolás Maduro recordó que el acceso a la información es «un derecho humano fundamental establecido para garantizar que toda persona pueda buscar, recibir y difundir información, especialmente aquella en poder de las entidades públicas».
«El acceso a la verdad y a los datos oficiales es la principal herramienta de los ciudadanos para participar activamente en la vida pública, tomar decisiones informadas sobre su salud, educación y medio ambiente, y fiscalizar las acciones de sus gobiernos», dijo la titular de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, en Telegram.
Información de EFE
