En Venezuela se registraron 18 violaciones a la libertad de expresión en julio, 15 más que en junio, cuando se documentaron tres, informó este martes la ONG Espacio Público.
A través de un nota de prensa, la organización indicó que la mayoría de los casos fueron intimidación, censura, hostigamiento judicial y verbal.
«Las principales víctimas fueron periodistas (66 %), particulares, ciudadanía en general y miembros de ONG«, añadió.
Asimismo, dijo que los principales victimarios fueron los cuerpos de seguridad del Estado en las regiones de Lara, Aragua, Bolívar, Cojedes, Zulia, Nueva Esparta y Caracas.
«El mes estuvo marcado por las elecciones municipales del día domingo 27, jornada en la que se registraron 10 casos que afectaron directamente el trabajo periodístico, con un patrón de obstrucción, censura y hostigamiento institucional», señaló.
Espacio Público relató que, en la jornada electoral, a los reporteros se les impidió ingresar a centros de votación en los estados Aragua, Zulia, Lara, Bolívar, Cojedes y Nueva Esparta, además que, sostuvo, los obligaron a borrar material.
Por otra parte, denunció que el mes pasado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) «ordenó el cierre del canal zuliano Telecolor, en una acción que incluyó la presencia de cuerpos militares en su sede».
«La medida dejó sin empleo a decenas de trabajadores y sin una voz informativa a parte de la población del occidente del país», apuntó.
Igualmente, denunció que dos mujeres fueron condenadas a 10años de prisión por «presuntamente estampar camisetas con la imagen de la caída de una estatua de Hugo Chávez».
Espacio Público dijo que un estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, fue detenido por «presuntos funcionarios encapuchados el viernes 18».
El pasado 25 de julio, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentó un informe en el que denuncia la anulación de pasaportes de defensores de derechos humanos y periodistas venezolanos y alerta de que es un patrón sistemático del Estado como consecuencia de las presidenciales del año pasado, en las que el mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el ente electoral.
La organización denunció, en una nota de prensa, que la anulación de pasaportes, «sin base legal ni notificación oficial, se ha consolidado como herramienta de persecución para silenciar las voces de personas defensoras, al restringir su movilidad y el acceso a espacios de denuncia internacional».
Información de EFE
