Se necesita un cambio en la gobernanza del sector, subrayaron los ingenieros Jesús Armas y Jesús Vásquez, integrantes de Monitor Ciudad
Apagones, fluctuaciones, bajones y todo el repertorio de fallas eléctricas son la regla, y no la excepción, en Venezuela. Monitor Ciudad presentó este viernes un estudio del ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, en el cual se aborda la reforma de la industria de la energía eléctrica en Perú, se muestran datos del sistema eléctrico venezolano y se plantean algunas soluciones a la crisis. Por ejemplo, se informa que en territorio venezolano hay una capacidad instalada de 36 mil megavatios pero «la disponibilidad es solo del 27%», y por eso «el servicio experimenta interrupciones de distinta frecuencia y duración».
Los ingenieros Jesús Armas y Jesús Vásquez, presidente y director -respectivamente- de Monitor Ciudad, estimaron que el más reciente apagón nacional, el del 30 de agosto, duró en promedio unas 14 horas. Al hablar sobre las causas, ambos coincidieron en que se generó un corto debido a un evento meteorológico, se produjo el efecto cascada, los sistemas de emergencia no respondieron y ocurrió la falla masiva.
Del pasado al presente
Armas recordó que, en los años 90 del siglo XX, se creó la ley del servicio eléctrico nacional. En el año 2007 el presidente Chávez «decide estatizar el servicio eléctrico» y crea Corpoelec. A criterio del ingeniero, lo primero que habría que hacer es «echar para atrás esa ley y el decreto que crea Corpoelec».
Venezuela necesita pensar en las distintas fuentes de energía y atraer capitales para que las desarrollen, consideró el investigador. «Venezuela está en el cuadrante de los países con mayor capacidad de producción de energía solar, pero también podríamos tener eventualmente una oportunidad de negocios para la generación de hidrógeno verde», puntualizó. Todo eso «hay que empezar a legislarlo».
El trabajo de De Viana forma parte de un estudio más grande que elabora Monitor Ciudad «para construir un consenso sobre la reforma energética en Venezuela», acotó Vásquez. «Queremos ayudar a generar consensos, generar la discusión pública acerca de las reformas y la reestructuración que necesitan nuestras instituciones para mejorar el sistema eléctrico del país».
Se trata de centrar el debate «en las cosas que nos pueden llevar a tener un sistema eléctrico de calidad», destacó Armas. Resaltó que el sector necesita unos 20 mil millones de dólares de inversión en cinco años «para poder recuperar nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad de transmisión».
También «queremos poner a pensar la gobernanza del sistema eléctrico nacional, que hoy está totalmente estatizado: la generación, transmisión y distribución están unificadas y en manos de Corpoelec», subrayó. «Nosotros queremos romper ese monopolio estatal y abrir la participación a capital privado».
Las tres etapas, apuntó, deben separarse «y generar competencia». Recuperar la capacidad termoeléctrica y promover otras fuentes de energía. Como lo reiteró, se trata de garantizar el servicio para la gente, e igualmente, garantizar la protección del ambiente. «Nuestra visión es muy clara: tener un sistema eléctrico nacional que sirva a los venezolanos y que se acaben los apagones», sintetizó.
-¿Qué garantías hay de que se acabarán los apagones con la privatización?
-Las garantías dependerán de cómo se haga la privatización. No toda privatización es buena. Eso tiene que pasar por un sistema en el que tengamos transparencia, estado de derecho, democracia. Esas son las precondiciones fundamentales para que una privatización no sea una cosa a espaldas de los venezolanos o para fortalecer a algunas oligarquías, algunas élites. Se tiene que abrir la industria eléctrica nacional a los privados, pero con transparencia, y teniendo siempre como foco a los venezolanos.
-¿Cuáles son las reformas legislativas necesarias?
-Lo primero es que nosotros tenemos que acabar con Corpoelec, con ese decreto de Hugo Chávez de 20027 con el cual se creaba Corpoelec y se estatizaba toda la industria, y luego podríamos volver temporalmente a la ley que se promulgó en los años 90, que permitía la participación privada en el sistema eléctrico nacional, con reformas que permitan fortalecer un órgano regulador nacional para el sistema eléctrico controlado desde el Estado; que se permita la entrada de capitales y que se añadan algunas reformas pensando en el medio ambiente, pensando en cómo mitigar los efectos del cambio climático.
