De obtener un resultado favorable por la delimitación terrestre el gobierno guyanés dará un segundo paso, anticipa Kenneth Ramírez, presidente del Covri
Territorio es igual a esperanza y Esequibo es igual a intereses. Guyana podría buscar ahora una victoria en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y lograr que el Laudo Arbitral de 1899 tenga validez, para luego intentar una nueva acción que le permita obtener más beneficios. Esta es la advertencia del internacionalista Kenneth Ramírez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri).
Hay dos controversias sobre el Esequibo: la terrestre y la conexa de las áreas marinas y submarinas, apunta Ramírez. «Venezuela dice que eso no está en discusión, pero Guyana pretende colocar en discusión la salida hacia el Atlántico», Guyana pretende decir que la zona económica es de sur a norte. Actualmente «lo que está en litigio en la CIJ es la controversia terrestre», recuerda; y una vez que el organismo decida sobre este tema, quedarían otros pendientes, a criterio de Guyana.
«Aunque Venezuela dice que el pasillo del Delta del Orinoco no está en discusión, Guyana quiere ponerlo en discusión a partir de esa tesis marítima maximalista. De obtener un escenario favorable en la CIJ, Guyana trataría de darle mayor fuerza a tesis maximalista que corta a Venezuela la salida libre al océano Atlántico, y para eso se sirve de alianzas como las que ha establecido con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Brasil», alerta.
En la ruta legal descrita por Ramírez Guyana buscaría una sentencia que avale el Laudo Arbitral de 1899 y la frontera terrestre allí establecida, «y a partir de allí, con un resultado favorable, buscar el apoyo para su tesis maximalista: decir que el Esequibo tiene más extensión, y que le pertenece de sur al norte, con un triángulo que vaya desde el Esequibo hasta la delimitación que hizo Venezuela con Trinidad. Esa es la pretensión hostil de Guyana, y por eso es tan grave».
Sin embargo no parece ser un camino tan sencillo. «Lo que está en disputa ahora es el territorio, y todavía no ha entrado en disputa la delimitación de áreas marinas y submarinas; eso solo se puede hacer una vez que se haya fijado el territorio», aclara Luis Angarita, internacionalista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV (Faces).
De cualquier manera, como lo reitera Ramírez, el gobierno guyanés despliega esta estrategia «en un momento de crisis para Venezuela: crisis económica y política, Hemos hecho llamados de atención y alertas. No hay una estrategia efectiva en esta controversia, y eso nos preocupa tremendamente, porque lo que está en juego no es poca cosa».
¿Ir o no ir a la CIJ?
Históricamente la posición de la Cancillería venezolana ha sido la de no acudir a la Corte y sujetar cualquier arreglo a una negociación. Reconocer a la Corte en el diferendo, sostiene el presidente del Covri, «es prácticamente acudir a la última instancia, porque sus decisiones serían vinculantes». Venezuela trata de tener siempre un espacio más de negociación y no «quemar ese cartucho». Guyana, en cambio, «por su poca capacidad de negociación y por la urgencia de las concesiones petroleras prefiere precipitar la decisión vinculante, y por eso acude a la Corte independientemente de que tenga o no razón».
A diferencia de la tesis del gobierno, que incluso pide a la población votar contra la validez de la CIJ, Ramírez es partidario de que Venezuela presente los alegatos ante la Corte. Al asistir a esta instancia «Venezuela gana un espacio en el que puede tener mayores y mejores argumentos del derecho internacional en cuanto a la demostración de títulos y en cuanto a la importancia de la determinación de doctrinas que establecen territorialidad en el mundo; controversias del siglo XIX y el siglo XX que siguen en el siglo XXI y que probablemente generen otros conflictos de determinación de lo territorial».
Lo que analiza Ramírez es que si la CIJ considera que el Laudo Arbitral es nulo «entonces la frontera terrestre no está delimitada y hay que delimitarla. Si el laudo es válido entonces la frontera es la frontera de facto que el laudo decretó».
Para el internacionalista no debe existir un dilema entre ir o no ir a la Corte. Como este organismo ya manifestó que tenía competencia «tenemos que comparecer» porque «las sentencias de la Corte son inapelables». Según el artículo 53 del Estatuto si un Estado no comparece la otra parte puede decirle a la Corte «decida a mi favor». Si no estamos presentes «igual va a haber una decisión, tarde o temprano».
¿En guerra?
Entre tantos rumores, desinformación y ausencia de información oficial es fácil imaginarse lo peor, como un enfrentamiento entre militares de ambos países.
No estamos en un escenario de guerra, argumenta Angarita: «No hay una provocación de parte de Venezuela ni de parte de Guyana. La mayor controversia es el tema de las concesiones, y las medidas de la Corte pueden frenar cualquier espiral de violencia».
Luis Florido, coordinador internacional de la Plataforma Unitaria, tampoco ve posible una conflagración. «La visión de los venezolanos no es de guerra. Todo lo contrario: hemos sido un país de paz, y creo que hay argumentos para decir que eso se puede mantener a pesar de la pregunta 5 del referéndum».
Si en el país, expone Ramírez, «pretendemos, más allá de lo que pueda decir la CIJ, mantener nuestra sentencia en términos políticos, deberíamos estar trabajando para eso, y eso es lo que no estamos haciendo. Lo que un gobierno serio haría es defender a Venezuela en todo el tablero, fomentar el consenso interno para ir a la Corte con absoluto blindaje, con los mejores expertos, con todos los documentos».
En Guayana la defensa ha sido asumida como un asunto de Estado, con equipos dedicados a esa labor, pero en Venezuela no necesariamente están al frente las personas idóneas, estimó. «Guyana está ahora en su escenario preferido: quiso, desde 1983, que la reclamación llegara a la CIJ, y trabajó por ello, y lo fue llevando, colocó a fichas clave en la secretaría general de la ONU para acercar sus opiniones, su parecer y cultivar influencias».
El próximo paso de ese país será intentar, con los respaldos diplomáticos que ya tiene, pasar a la controversia marítima, evalúa el directivo del Covri: «Está buscando recabar un expediente para intentar un pronunciamiento futuro. Todo está en juego. Guyana lo viene trabajando seriamente, mientras Venezuela no paga ni las cuotas de la ONU y tiene derecho a voz pero no a voto. Guyana hasta trabajó para estar en el Consejo de Seguridad el año que viene».
