Pasadas las 7:00 de la noche de este lunes 9 de marzo, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Minas para el que la juramentada presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió acelerar los procesos.
El texto fue presentado por el diputado oficialista, Orlando Camacho.
El instrumento recibió el voto favorable de la mayoría calificada.
Camacho indicó que una de las potencialidades más importantes de Venezuela es la riqueza mineral a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisó que el país cuenta con una estructura acorde a las necesidades de las zonas mineras no urbanizadas.
Dijo que se incluye el desarrollo sostenible, la prevención y la conservación ambiental, el ordenamiento del territorio, el equilibrio económico del contrato, la seguridad jurídica y la inversión nacional, junto a la inversión extranjera.
«Esta ley ayudará a aumentar todas las garantías jurídicas que permiten generar confianza para atraer la inversión nacional e internacional», precisó el parlamentario.
Subrayó que la ley contempla un mecanismo que le permite acudir a instancias de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias, cumpliendo siempre con la Constitución.
El instrumento legal consta de 19 capítulos, 126 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones derogatorias, y una disposición final.
El parlamentario explicó que la ley contempla la figura de gestión de los recursos minerales, la declaratoria de minerales estratégicos, la reserva del Estado y la zona de seguridad, al igual que el manejo de los productos y los materiales radiactivos, el cual debe tener mayor protección jurídica sobre el Estado venezolano.
Además, plantea la atención a la pequeña minería, la mediana minería, la gran minería, y fortalecer el rol del ministerio de Minas. En esta ley precisan sus funciones para que así pueda regular, dirigir y organizar toda la actividad.
Agregó que se crea un fondo social minero, estableciendo ingresos y funciones para que se pueda desarrollar y proteger la seguridad de los trabajadores de la minería, y todos los minerales estratégicos.
También, se crea la Superintendencia Nacional de Actividad Minera, con el fin de fiscalizar, revisar, controlar y buscar beneficios fiscales, que favorezcan la inversión nacional y extranjera.
