La minería ilegal para la extracción de oro en Venezuela «ha generado una crisis ambiental y de derechos humanos» en los estados amazónicos Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), Amazonas (sur, limítrofe con Brasil y Colombia) y Delta Amacuro (noreste), denunció este viernes la ONG Fundaredes.
A través de X, la organización dijo que las actividades de minería han «destruido bosques, contaminado ríos con mercurio y afectado a las comunidades indígenas, quienes sufren desplazamiento, explotación laboral y violencia».
Además -señaló- «la presencia de grupos armados y mafias agrava la vulneración de los derechos básicos» de los habitantes de estas zonas, entre los que cuenta el «derecho a un ambiente sano y seguro», manifestó.
El observatorio de Ambiente de Fundaredes, Proyecto EPA, contabilizó en septiembre pasado que cerca de 20.000 «mineros ilegales» operan en el Arco Minero del Orinoco -ubicado entre Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas-, quienes, afirmó, causan un «grave deterioro en la calidad de la vida de las comunidades locales».
Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana alberga gran biodiversidad y es rica en recursos naturales, culturales y minerales, donde, además, hay alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande de Venezuela.
El Gobierno aseguró que, este año, más de 12.000 personas dedicadas a la minería ilegal fueron desalojadas de varias minas de las regiones amazónicas, que quedaron clausuradas e inoperativas, entre ellas, la ‘Bulla loca’, en el estado Bolívar, que sufrió un derrumbe el pasado febrero, dejando un saldo de, al menos, 16 muertos y 36 heridos.
En junio, el presidente Nicolás Maduro insistió en que Venezuela tiene que ordenar la minería a través de un concepto productivo, ecológico y preservador, tras reconocer la existencia de la mafia en este sector y la práctica «destructiva».
Se desconoce si los trabajos para el ordenamiento minero ya comenzaron o existe algún plan definido para este fin.
