Alertó que la normativa que está por aprobar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desaplica o suspende la vigencia del ordenamiento jurídico existente
El pasado 29 de septiembre, el gobernante Nicolás Maduro entregó personalmente al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, el texto con la iniciativa legal, para lo cual pidió “urgencia reglamentaria”. La propuesta busca, según Maduro, reactivar la economía ante las sanciones internacionales lideradas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios venezolanos y su gestión.
Se desaplica el ordenamiento jurídico
En un análisis publicado por el jurista destaca la disposición transitoria segunda de la propuesta hecha por Maduro a la ANC.
Esta señala que a la hora de aplicarse la normativa quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en la llamada Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente sobre leyes orgánicas y especiales que regulen las materias relacionadas, incluyendo el Estado de Excepción y de Emergencia Económica.
“Es decir, para la adopción de las medidas que adoptaría el Ejecutivo Nacional para ejecutar la política económica – o el cambio de la misma – que se pretende, puede decirse que no hay normas jurídicas preestablecidas, pues si las hay, desde ya quedan “suspendidas,” incluyendo las de rango constitucional. Mayor inconstitucionalidad es imposible. Como lo observó Luis Britto García: una disposición transitoria de rango legal no puede derogar ni desaplicar normas constitucionales“, advirtió.
Secretismo
Explicó que esta desaplicación del ordenamiento legal se plantea mientras la Ley, que aspiran ejecutar durante este último trimestre del año, esté en vigencia e incluso 90 días después de que cesen las sanciones que buscan contrarrestar. Señaló que la Ley autoriza al Ejecutivo a tomar todo tipo de medidas, sin límites ni control y en un marco de reserva y confidencialidad totales.
“Es elemental que para que cualquier ley o norma pueda tener efectos jurídicos sobre los ciudadanos, la misma tiene que ser publicada. Sin embargo, de acuerdo con los redactores de este proyecto, la desaplicación de las normas de la Constitución y las leyes, que también afecta a todos los ciudadanos, se declararía en cambio como una actividad secreta del Estado, con lo cual se coloca al ciudadano, simplemente, en la absurda situación de no saber ni poder saber -porque está prohibido, por ser secreto – cuál norma está o no en aplicación”.
