Al Purpurado se le acusa de haber desviado dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano y haber pagado a otra acusada en el juicio, Cecilia Marogna, para crear expedientes de información incriminatoria sobre el personal del Vaticano
El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, pidió 7 años y 3 meses de cárcel para el Cardenal italiano Angelo Becciu, acusado de corrupción y enjuiciado desde 2021.
Se trata de la primera vez en la historia que la Fiscalía del Vaticano pide pena de cárcel para un Cardenal. Se espera que la sentencia definitiva de este largo proceso se conozca antes del próximo mes de diciembre.
En concreto, Diddi ha solicitado este miércoles 26 de julio un total de 73 años y un mes de cárcel, además de diversas penas de inhabilitación y multas, para los 10 acusados en relación con el manejo de fondos de la Secretaría de Estado.
El Cardenal Becciu, quien continúa defendiendo su inocencia, ha sido acusado de malversación agravada y abuso de oficio durante sus años como sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, cargo que asumió en 2011.
Además, Alessandro Diddi acusa al Purpurado de haber presentado “documentos falsos” que obstaculizaron las investigaciones.
El proceso judicial
El proceso judicial, de gran complejidad por el tamaño de la causa elaborada por los fiscales durante meses y por las múltiples ramificaciones del caso, tiene como principal elemento la compra de un edificio en Londres (Reino Unido) por parte del Vaticano en 2014, para su transformación en apartamentos de lujo con una inversión de 350 millones de euros en total.
La compra llegó a realizarse. Sin embargo, el inmueble no se pudo reformar porque no cumplía con los requisitos de la ley urbanística de Londres y no se obtuvieron los permisos.
El fracaso de la operación supuso un grave perjuicio en las arcas vaticanas, entre 130 y 180 millones de euros, de los cuales 55 millones son atribuibles sólo a la inversión en el edificio de Londres.
El Cardenal Becciu, que entonces era el sustituto de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, se habría valido de su cargo, siempre según las acusaciones, para obtener 300 millones de euros en préstamos del Instituto de Obras de Religión (IOR) y un fondo suizo de dudosa reputación para financiar la operación inmobiliaria.
Además, al Purpurado se le acusa de haber desviado dinero del Vaticano a una organización benéfica dirigida por su hermano y haber pagado a otra acusada en el juicio, Cecilia Marogna, para crear expedientes de información incriminatoria sobre el personal del Vaticano.
A la espera
Se trata del juicio más grande por delitos financieros en el Vaticano en la era moderna, con 10 acusados y una larga lista de cargos, que incluyen malversación de fondos, lavado de dinero, abuso de poder, apropiación indebida y fraude.
Los actores importantes en el acuerdo de Londres fueron los acusados Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi, quienes negociaron la compra, junto al gerente de inversiones del Vaticano, Enrico Crasso, quien los ayudó.
Cabe destacar que el Papa Francisco ha intervenido de varias maneras durante la investigación y el juicio, ya sea para expresar la esperanza de un resultado deseado o para cambiar las normas procesales.
Intervino, por ejemplo, exigiendo al Cardenal Becciu que renunciara como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos otorgados a los miembros del Colegio Cardenalicio el 24 de septiembre de 2020, después de que surgieran informes que lo acusaban de irregularidades financieras.
