El funcionario aseguró que el Gobierno Estados Unidos está considerando «acciones contundentes» contra Cuba, país que aseguró «facilita la opresión» contra Venezuela
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, exigió este martes la «liberación inmediata» de los seis exdirectivos de Citgo, filial de Pdvsa, detenidos en Venezuela en 2017 por presuntos delitos de corrupción.
«Están siendo detenidos ilegalmente. Este régimen debería liberar de manera inmediata a estas seis personas. Debería liberar de manera inmediata a todos los prisioneros políticos», dijo Pence al inicio de la reunión con los familiares, a quienes recibió en la Casa Blanca.
El vicepresidente estadounidense insistió en calificar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, «como un dictador sin un mandato legítimo» por lo que, a su juicio, «debe irse».
«Estas seis familias y sus seres queridos son una prueba de ello», agregó Pence.
Para ello, indicó que el Gobierno del presidente Donald Trump está considerando «acciones contundentes» contra Cuba, país que aseguró «facilita la opresión» contra Venezuela, para presionar más a Caracas, aunque no ofreció detalles.
El encuentro se produce después de que la pasada semana Trump y Pence recibieran en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado.
Los detenidos son el expresidente de Citgo, José Ángel Pereira, y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, estos cinco últimos con nacionalidad estadounidense además de venezolana.
Veronica Fadell Weggemaan, hija de uno de los detenidos, agradeció el apoyo del Gobierno estadounidense y dijo que les «da esperanza», pero lamentó que la familia lleva «cuatro semanas» sin hablar con su padre.
«A las familias de los seis detenidos de Citgo: estaremos con ustedes hasta que sus familias estén libres y hasta que Venezuela sea libre», escribió Pence en su cuenta en Twitter.
Los exdirectivos de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 durante reuniones que la petrolera estadounidense celebró en Caracas, y se les atribuyen delitos por irregularidades con las contrataciones.
A los detenidos se les relaciona con un contrato de refinanciamiento de deuda por una suma de hasta 4 mil millones de dólares con dos compañías de fondos de capital de riesgo.
Se les acusa de diversos delitos de corrupción como malversación de fondos públicos (peculado doloso propio), concierto de funcionario público con contratista, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros.
