La ONU acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de «violar el derecho internacional» con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas.
Confirmó que las personas a bordo fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y que tales acciones deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen»
«Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin», exigió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, tras recordar que más de sesenta personas han muerto en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles.
Una portavoz de Türk dijo que éste ha comunicado a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.
Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.
Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.
Por ello, defiende que lo que debe regir son las normas internacionales de los derechos humanos.
En este sentido, las acciones militares de EEUU representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales, explicó la portavoz Ravina Shamdasani.
«Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional», detalló.
La ONU reclamó que esos asesinatos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo las instancias jurisdiccionales de EEUU.
Anotó que llevar a cabo estas investigaciones no es una opción, sino «una obligación» para las autoridades de Washington.
Türk reconoció la gravedad de la problemática del narcotráfico, pero insistió en que EE.UU. está obligado a respetar el derecho internacional, incluido el contenido en los tratados contra el narcotráfico y de los que los este país también forma parte.
El organismo de derechos humanos también aclaró que lo que corresponde en la lucha contra el tráfico de drogas es utilizar métodos policiales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de los sospechosos.
