La Policía española detuvo este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder este jueves a la sede de esta compañía en busca de documentación en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por un juzgado en Madrid y que se mantiene bajo secreto.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, que tiene vuelos a Colombia, Venezuela (ahora suspendidos) y Perú, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Dentro de la investigación a Plus Ultra, varios agentes de la Policía Nacional han acudido hoy a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía.
Antes de conocerse los arrestos practicados, fuentes de la aerolínea habían señalado a EFE su plena colaboración y que están «facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera», al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se cometieran malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas del partido de la oposición PP (conservador), el ultraderechista Vox y Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha.
Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lara, y el consejo de administración, se centraron en un decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno español que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
Este registro coincide temporalmente con otra operación en la que también estaría implicado otro expresidente de la SEPI por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción que ha salpicado al Gobierno socialista y ha llevado a prisión a un exministro.
