La Fiscalía determinó que más de 3.540 millones de pesos fueron destinados a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y 3.045 millones más fueron para la propaganda política de Óscar Zuluaga
Este jueves 17 de agosto, la Fiscalía colombiana anunció que imputará por cargos de corrupción a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y al magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, como “presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la Fiscalía en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.
Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI “intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista”.
Más de 80 mil millones de pesos fueron entregados por Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas a diferentes sectores políticos y económicos en Colombia, señaló la Fiscalía de Colombia.
Gabriel Jaimes, fiscal general de la República de Colombia, señaló que muchos de esos recursos financiaron campañas políticas a las elecciones presidenciales en 2010 y 2014.
La Fiscalía determinó que más de 3.540 millones de pesos fueron destinados a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y 3.045 millones más fueron destinados para la propaganda de Óscar Zuluaga.
Los aportes a las campañas electorales se realizaron en 2010 a la propaganda política de Juan Manuel Santos, el segundo monto se registra en 2014 en relación a los candidatos presidenciales del momento.
El excandidato Óscar Iván Zuluaga y quien fue su asistente David Zuluaga, fueron imputados por cargos de parte de la Fiscalía colombiana tras develarse audios a través del diario Semana donde se comprueban los millonarios aportes de la multinacional.
Cabe destacar que Gustavo Petro, primer mandatario de Colombia, ordenó a la Cancillería que «utilice todos los medios de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado Colombiano».
