Rodrigo Paz anuncia cierre del Ministerio de Justicia en Bolivia y denuncia su uso para “persecución”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respaldó la decisión, afirmando que el ministerio fue usado para perseguir opositores y que la medida muestra voluntad de avanzar hacia un sistema judicial sin presiones políticas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre del Ministerio de Justicia, al que calificó como un instrumento de persecución política durante los gobiernos anteriores. La decisión fue comunicada en la Casa de Gobierno, horas después de la destitución del ministro Freddy Vidovic, quien había asumido el cargo apenas 12 días atrás y sobre quien pesaba una sentencia de tres años de prisión.

Declaraciones oficiales

«No habrá más persecución política en Bolivia, el Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas», afirmó Paz en su discurso. El mandatario recordó que el cierre de esta cartera fue uno de sus compromisos de campaña con el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Contexto de la decisión

La medida se produce en medio de controversias por la designación de Vidovic, hombre cercano al vicepresidente Edmand Lara, y por denuncias contra otro ministro recientemente posesionado, Jorge García. Paz defendió a García de lo que calificó como “difamación”, pero reiteró que el Ministerio de Justicia no continuará funcionando como estructura estatal.

Antecedentes

El presidente señaló que durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), el Ministerio de Justicia fue utilizado para perseguir opositores y no estuvo al servicio de la ciudadanía. Por ello, aseguró que su cierre representa un quiebre con las prácticas de injerencia política en el sistema judicial.

Reacciones

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respaldó la decisión, afirmando que el ministerio fue usado para perseguir opositores y que la medida muestra voluntad de avanzar hacia un sistema judicial sin presiones políticas.

Con esta decisión, el gobierno de Paz busca reorganizar las funciones relacionadas con la justicia y garantizar que no se repitan prácticas de persecución política en el país.

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