La relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, dijo este lunes que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado».
«Bajo el interminable estado de excepción y con la recientemente aprobada Ley de Agentes Extranjeros, el clima para la defensa y promoción de los derechos humanos en el país se ha deteriorado significativamente. Insto a las autoridades a que cambien de rumbo», publicó Lawlor en X, donde etiquetó a la cuenta oficial de la Cancillería salvadoreña.
Lawlor hizo referencia a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que diversas organizaciones denunciaron que unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir del país para resguardar su integridad.
Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), afirmó en dicha sesión que «80 personas ha salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)».
«En la búsqueda de seguridad y condiciones que les permitan continuar su trabajo y proteger su integridad y la de sus familias, muchas personas defensoras se han visto forzados a huir de El Salvador. Cifras de la sociedad civil indican que al menos 130 personas han salido del país en los últimos 5 años», indicó la activista.
Apuntó que «el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses» tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.
A estas detenciones, precisó Indacochea, se suma «la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, que graba con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales y que eleva a un 50 % los impuestos a las organizaciones, además de ser calificada como «confiscatoria».
«En ese escenario, los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio», alertó.
En esta audiencia, en la que el Gobierno de Nayib Bukele se negó a participar por estar en desacuerdo con el título de la sesión, las organizaciones humanitarias pidieron a la CIDH «priorizar el trámite de medidas cautelares y peticiones individuales relacionadas».
También llamaron a instar al Estado salvadoreño a derogar un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 «debido a que está siendo utilizado para criminalizar y perseguir personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas, periodistas y voces críticas».
Información de EFE
