La Policía boliviana detuvo este lunes a la jueza Lilian Moreno, quien hace unos días anuló la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por un caso de trata agravada de personas, y debe responder por acusaciones de prevaricato y resoluciones contra la Constitución.
La jueza fue detenida por un grupo de policías cuando se trasladaba desde su casa en la ciudad oriental de Santa Cruz lugar en donde trabaja, según el testimonio de una familiar que la acompañaba.
«La jueza ha sido secuestrada brutalmente, la sacaron del auto, no presentaron en ningún momento una orden de aprehensión», relató la mujer que se identificó como prima de la jurista y que explicó que la detención se produjo a las 7:30 de la mañana, hora local (11:00 GMT).
Se conoce que Moreno fue llevada al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, para luego ser trasladada a La Paz, según la declaración de su abogado a los medios locales.
El miércoles, la defensa de Morales (2006-2019) dio a conocer el auto constitucional que emitió Moreno y que dispuso la nulidad de la orden de aprehensión que existía contra el exmandatario, además del traslado del proceso al Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical.
El fallo de la juez Moreno fue cuestionado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, mientras que el Consejo de la Magistratura anunció el inicio de una investigación.
El viernes se emitió un nuevo fallo judicial, esta vez firmado por el juez Franz Zabaleta, de La Paz, quien dispuso mantener activa la orden de aprehensión en contra de Morales.
El fallo de Zabaleta señaló que «como medida cautelar se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada» en el caso, aunque la medida fue desconocida por los abogados de Morales.
En octubre de 2024, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez dictó una orden de captura contra el exmandatario, por supuestamente tener un hijo con una menor de edad mientras era presidente de Bolivia.
Por este caso, los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención; además, el exmandatario no ha salido desde entonces del Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por centenares de sus aliados.
A principios de este año, un tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales, después de que el político no se presentara en dos ocasiones, al alegar enfermedad, a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas.
La Justicia también le prohibió a Morales salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emitiera la aprehensión contra el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
El exmandatario denunció varias veces que el proceso en su contra es para impedir su candidatura en los próximos comicios nacionales del 17 de agosto, a los que busca presentarse por primera vez después de renunciar al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del que fue fundador y líder por casi 30 años.
Asimismo existe una sentencia constitucional que dice solo se puede ser reelecto una vez ya sea de forma continua o discontinua, lo que impediría Morales ser candidato nuevamente quien ya gobernó Bolivia en tres ocasiones.
Morales y Arce están distanciados desde finales de 2021, por decisiones de gobierno, el control del MAS y la candidatura presidencial.
Información de EFE
