El gobierno peruano declaró el lunes el toque de queda en el distrito de Pataz luego de que la víspera se encontrara muertos a 13 trabajadores vinculados a una de las grandes compañías mineras de oro del país, anunció la presidenta Dina Boluarte.
Las víctimas, que eran trabajadores de una empresa que prestaba servicios a la mina Poderosa, fueron hallados muertos en un socavón minero de Pataz días después de denunciarse su secuestro en ese lugar.
«Se declara el toque de queda en todo el distrito de Pataz desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana», dijo Boluarte en un pronunciamiento como parte de las medidas para enfrentar al crimen organizado vinculado a la minería ilegal.
«Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera Poderosa», agregó la mandataria rodeada de sus ministros y de los principales jefes militares y policiales en el Palacio de Gobierno.
Boluarte anunció también que la actividad minera en la provincia de Pataz, de unos 88.000 habitantes, se «suspenderá por 30 días para facilitar la instalación de las fuerzas armadas y policía» en una base militar.
La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro en América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital Lima, está en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de violencia causada por la fiebre del oro.
Poderosa es una importante minera que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima que en los últimos meses ha sido blanco de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
«Todos sabemos que la actividad ilegal de nuestra minería mueve millones y millones, muchos más que los millones que mueve el narcotráfico. Tenemos que darle batalla y ganar esta guerra», resaltó Boluarte en la declaración transmitida por la televisora estatal.
En Perú coexisten tres modalidades de minería: la formal que ampara la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal que se concentra en especial en la explotación de oro.
Según Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de Poderosa, con este nuevo ataque «suman 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control» de la zona desde el 2022.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones por 8.241 millones de dólares sospechosas de provenir de la minería ilegal.
El país vive una ola de extorsiones y criminalidad violenta que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en varios puntos del país.
Información de EFE
