Se mantendrá una excepción con aquellos viajeros provenientes de Canadá y Los Estados Unidos. Así mismo, se deportarán a quienes entren de manera ilegal por la selva del Darién
Este martes 12 de septiembre, el gobierno de Panamá anunció controles para los inmigrantes que intenten entrar de manera ilegal a ese país a partir del 2 de octubre.
El Servicio de Migración de Panamá aclaró que la medida no afectará a inversionistas, turistas, ni ejecutivos que lleguen al país en un comunicado emitido por el gobierno nacional.
Los operativos de control de migración estarán atentos ante la entrada de migrantes irregulares tras las entrevistas que apliquen los funcionarios de migración en ese país.
«La solicitud de solvencia económica y el otorgamiento de 15 días no será aplicable a turistas, inversionistas ni a ejecutivos. Estos parámetros solo serán aplicables a quienes mantengan un perfil que pudiese encajar, de acuerdo con su entrevista, en un posible migrante irregular, siempre y cuando no hubiese lugar a su inadmisión», destacó el gobierno.
La medida se fundamenta en el decreto Ley 3 de 2008, en el Decreto Ejecutivo 320 y la resolución 22.068 de 2021. Con estas normas se establecieron el término de «legal autorizado» para las personas que entren en calidad de turistas en Panamá, en un período de hasta 3 meses, contados a partir del día de ingreso de los ciudadanos.
Se mantendrá una excepción con aquellos viajeros provenientes de Canadá y Los Estados Unidos. Así mismo, se deportarán a quienes entren de manera ilegal por la selva del Darién.
«Dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones», anunció Samira Gozaine, directora nacional de Migración.
Las autoridades también cuestionaron las políticas del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, quien señaló que la solución a la crisis migratoria se solventará cuando se levanten las sanciones a Venezuela y cesen las migraciones.
El gobierno de Panamá reforzará las medidas de seguridad en poblados fronterizos, cambiará puestos de control policial y reducirá de 90 a 15 días el período de estadía de los turistas a los que aumentará a 1.000 dólares la solvencia económica para permitir su ingreso que estaba fijado en 500 dólares.
