El senador Oscar Ortiz criticó que Almagro haya defendido antes «que debería respetarse la voluntad popular» sobre la reelección de Morales expresada en un referendo en 2016, que negó la mandatario la posibilidad de volverse a presentar, y que ahora venga al país y asuma «una posición distinta»
El candidato opositor boliviano Oscar Ortiz dejó plantado este viernes en La Paz al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en protesta por su apoyo a la nueva postulación del presidente del país, Evo Morales, que la oposición considera ilegal.
El secretario general de la OEA, de visita en Bolivia este viernes, tenía previstas reuniones con líderes opositores como el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina y Ortiz, quien finalmente decidió no entrevistarse con Almagro.
«Nos hemos retirado de la reunión con el secretario general de la OEA expresándole nuestra protesta e indignación por el cambio de posición que ha asumido», explicó Ortiz a los medios.
Para Ortiz, es «condenable» que el uruguayo exprese ahora su apoyo a la nueva candidatura de Morales y le acompañe a la zona del Chapare, el bastión sindical y político del mandatario, en vísperas del inicio oficial de su campaña electoral en esa zona.
«Por lo cual le hemos expresado que no tenía sentido desarrollar esa reunión, porque él como secretario general no nos genera confianza», agregó el candidato de la alianza Bolivia Dice No.
Los bolivianos concurrirán a las urnas el próximo 20 de octubre para elegir al presidente, vicepresidente y parlamentarios para la gestión 2020-2025.
Almagro afirmó más temprano que «sería absolutamente discriminatorio» que el presidente boliviano, Evo Morales, no se pudiera presentar a la reelección.
La candidatura de Morales es considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos en Bolivia, por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado del referéndum que en 2016 rechazó la reelección.
Sin embargo, fue avalada por el órgano electoral del país en 2018 con base en un fallo del Tribunal Constitucional de 2017.
