El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, amplió este jueves el estado de excepción decretado hace dos días por las protestas que se preparan contra la eliminación del subsidio al diésel e impuso un toque de queda nocturno en cinco de las veinticuatro provincias del país.
En un nuevo decreto, Noboa incluyó a la andina provincia de Chimborazo dentro del estado de excepción que ya contemplaba a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. por «grave conmoción interna».
Asimismo, instauró un toque de queda entre las 10:00 pm y las 5:00 am en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, de modo que quienes circulen durante el toque de queda serán detenidos.
Horas antes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció la convocatoria de un «paro nacional indefinido» por la eliminación del subsidio al diésel decretado por el presidente el pasado viernes, lo que hizo que el precio de este combustible en Ecuador se elevase de la noche a la mañana de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
El Decreto Ejecutivo 146, emitido la noche del jueves, justifica el toque de queda y el estado de excepción debido a que la obstaculización de las vías principales están «impidiendo el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como, el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales».
Mantiene que se respeta el legítimo derecho a protestar pacíficamente, pero que lo ocurrido entre los días 13 y 18 de septiembre (como los cortes de vía y manifestaciones que influyen en el transporte) afecta directamente a la actividad diaria del resto de la ciudadanía.
Las personas exentas de cumplir el horario de toque de queda son sanitarios, servicios de emergencia, agentes de las fuerzas de seguridad, algunos funcionarios de Ministerios gubernamentales, transportistas, personas que tengan que embarcarse en un vuelo y personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva.
También permite a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional identificar a los ciudadanos que no estén cumpliendo con la normativa.
