La reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de El Salvador, con la que se permite la reelección indefinida y el período presidencial se alarga a seis años, «evidentemente es contraria» a los tratados internacionales derechos humanos ratificados por el país centroamericana, según un análisis de la reconocida organización Cristosal compartido este lunes.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma con la que el presidente Nayib Bukele tiene vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha hecho públicas sus intenciones de postularse.
«Al proponer una reforma constitucional, que evidentemente es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por El Salvador, el Estado está incurriendo en responsabilidades internacionales», indica la organización.
Señala que «los diputados de la Asamblea Legislativa están contraviniendo el estándar interamericano de derechos humanos y ponen al país en la misma situación de regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, donde los mandatarios se perpetúan en el poder político en violación a sus respectivas constituciones».
«El Salvador será reconocida internacionalmente como un régimen autoritario a una dictadura plena y esto es responsabilidad de los diputados de la Asamblea Legislativa que promovieron y apoyaron la reforma constitucional en clara violación a las obligaciones internacionales que el país ha adquirido al ratificar los tratados antes referidos», alerta.
Cristosal reitera que los diputados del Congreso que concurrieron con su voto «han violado el artículo 248 de la Constitución al aprobar un acuerdo de reforma que pretende habilitar la reelección presidencial indefinida».
No obstante, el referido artículo también fue reformado para que una misma legislatura aprobara y ratificara cambios en la Carta Magna.
«El objetivo de la reforma constitucional no es favorecer al pueblo, sino permitir que el actual presidente continúe ejerciendo el poder en violación a los postulados más importantes para la democracia que el pueblo consagró en la Constitución», añade.
Bukele defendió el domingo la reelección inmediata y señaló que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.
«El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta», apuntó en X e indicó que «pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia», escribió en un mensaje en X.
Cristosal también señala en su análisis, que la reforma constitucional «contraviene las obligaciones que El Salvador ha asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente relacionadas con el fortalecimiento de la gobernanza y transparencia».
El Fondo Monetario Internacional anunció en diciembre de 2024 un acuerdo técnico con el gobierno salvadoreño en un programa de financiamiento por 1.400 millones de dólares a cambio de un ajuste fiscal y reformas para volver al bitcoin -la mayor apuesta económica de Bukele- de uso voluntario.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el FMI ya ha desembolsado 231 millones de dólares dentro del programa de Servicio Ampliado (SAF), según señaló el julio pasado la vocera del organismo Julie Kozack en una rueda de prensa.
El acuerdo aprobado este año pasó una primera revisión «que permitió a El Salvador acceder a 118 millones», de acuerdo con Kozack.
