La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) salió este jueves de la cárcel, donde estuvo presa cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la condena de diez años en su contra y ordenara su libertad.
La exmandataria transitoria salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, con una bandera de Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera.
En sus primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez ratificó que en 2019 «en este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral» que llevó a los bolivianos a «reclamar» que el voto en las elecciones generales de ese año «sea respetado».
«Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo», sostuvo la exgobernante.
También aseguró que el tiempo en prisión fue «muy duro, muy doloroso», pero que aprendió a tener «la fuerza de la resiliencia» ante un encierro que consideró «injusto».
El TSJ informó en la víspera sobre la anulación de la condena de Áñez, su «absolución» y la orden de su «inmediata libertad» por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La citada sentencia fue ratificada en 2023 también por el TSJ, aunque en ese momento estaban encargados otros magistrados, mientras que los que revisaron la condena fueron elegidos en los comicios judiciales de 2024.
En la revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los magistrados vieron que «hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente» que «han afectado el debido proceso» y también «sus derechos».
La resolución del Supremo señala que «la sucesión no fue un acto de usurpación, sino un acto de necesidad constitucional» y considera que el tribunal que condenó a Áñez «omitió valorar que las renuncias» de quienes estaban antes que la exmandataria en la línea de sucesión en 2019 «fueron públicas, expresas y con efectos inmediatos».
«Áñez Chávez no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano», indica la resolución.
Áñez asumió el mando interino del país el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia del entonces gobernante Evo Morales (2006-2019) y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por una exdiputada del aún gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), por la crisis de 2019.
En agosto pasado, el TSJ ordenó revisar los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y otros dos líderes regionales opositores al MAS, lo que derivó en la liberación de estos políticos.
Los tribunales anularon los procesos ordinarios contra Áñez, que fueron trasladados al Legislativo para ser abordados en un juicio de responsabilidades, y estaba pendiente la revisión de su sentencia, sobre la que se informó el miércoles.
