El juez federal Sebastián Casanello comenzará este martes a tomar declaración indagatoria a 15 imputados en la causa que investiga una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un esquema que, según la fiscalía, habría manejado más de 48.000 millones de pesos (unos 33.922 dólares) del erario público.
El primero en ser interrogado este martes fue Miguel Ángel Calvete, señalado como figura central del circuito de proveedores que abastecían a la agencia y fue descrito por el fiscal que investiga el caso, Franco Picardi, como el “articulador de la organización ilícita».
Calvete, preso por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena en 2019, fue trasladado cerca de las 9:00 hora local (12:00 GMT) desde la cárcel a los tribunales federales de Comodoro Py.
En el dictamen, el fiscal lo señaló como el nexo entre el sector privado (los laboratorios) y el extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, cuyos presuntos audios, que describían un entramado de corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través del organismo, desencadenaron la investigación judicial.
Picardi afirmó que detectó graves hechos de corrupción y una «organización delictiva, desplegada dentro de la ANDIS, en detrimento de la administración pública nacional y un grupo poblacional, especialmente vulnerabilizado».
En el allanamiento de la vivienda de Calvete se obtuvieron importantes registros de la operatoria, incluyendo cuadernos manuscritos con fechas, contactos, porcentajes de dinero y un papel con una lista de empresas con las que mantenía vínculos, entre ellas firmas proveedoras del organismo.
El fiscal cree que la maniobra se implementó mediante la manipulación de los procesos de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), restringiendo la competencia e imponiendo un grupo fijo de proveedores que habrían concentrado las adjudicaciones millonarias, principalmente las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.
La semana pasada fue detenido otro exfuncionario, Pablo Atchabahian, señalado por el fiscal como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.
Casanello dispuso su prisión domiciliaria en la provincia de Mendoza tras considerar que existía riesgo de fuga y capacidad de recursos para evadir la acción judicial. El imputado se negó este viernes a declarar.
Las audiencias continuarán el miércoles con la declaración de Spagnuolo, hasta ahora en libertad pero con prohibición de salida del país y congelamiento patrimonial.
Los demás interrogatorios a los imputados se extenderán desde este jueves hasta el 5 de diciembre. Fueron citados los exfuncionarios Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Roger Grant y personas vinculadas a los laboratorios implicados.
El escándalo por presunta corrupción se desató el 20 de agosto pasado, cuando medios locales difundieron los audios adjudicados a Spagnuolo, uno de los abogados personales del presidente, que incluso involucraban a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la trama de corrupción.
El Gobierno de Milei ha rechazado las sospechas de corrupción y tras conocerse los audios separó a Spagnuolo de su cargo, intervino la ANDIS y ordenó una auditoría interna en el organismo.
