El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció este miércoles el inicio de una investigación sobre un presunto plan para alterar los resultados de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre tras recibir la semana pasada audios y una denuncia presentada por Marlon Ochoa, uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Zelaya declaró a los periodistas que las grabaciones demuestran «la existencia de una asociación ilícita» que involucraría a una consejera principal del CNE, un diputado del Parlamento hondureño y un militar activo para «alterar la voluntad popular del pueblo, imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial».
Los audios, que presuntamente corresponden a la consejera Cossette López y el diputado Tomás Zambrano, ambos del opositor Partido Nacional, «son auténticos, guardan relación y están bajo nuestra custodia», subrayó.
Agregó que el CNE es una institución de seguridad nacional y advirtió que «cualquier intento deliberado de alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria, de naturaleza imprescriptible, cuya responsabilidad puede ser deducida de oficio o por cualquier ciudadano».
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en defensa de la soberanía popular, el fiscal precisó que la suplantación de la soberanía constituye «delito de traición a la patria», sancionado con 15 a 20 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
Zelaya ordenó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, a la Fiscalía de Delitos Electorales y a la Dirección Policial de Investigación que, en coordinación técnica y bajo la estricta observancia del debido proceso, «aseguren la cadena de custodia de los audios, realicen pericias, documenten indicios electrónicos y citen a los testigos».
El fiscal justificó la difusión de las grabaciones señalando que proteger el orden constitucional y el Estado de derecho es superior a cualquier interés privado.
«Estamos salvaguardando el proceso electoral y es una necesidad que el pueblo hondureño lo sepa; de callar, yo también sería parte de estos actos», enfatizó.
El fiscal también reprodujo varios audios, presuntamente de una comunicación telefónica entre una consejera del CNE, dejando entrever que sería Cossette López, un diputado opositor, supuestamente Tomás Zambrano, y un militar, que según la Fiscalía hacen referencia a un presunto plan para manipular los resultados de los comicios.
Más de seis millones de hondureños están convocados a los comicios para elegir al presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
