La retención de personas con fines económicos se ha constituido en un punto vital en las negociaciones que mantiene el Ejecutivo colombiano con distintos grupos, en el marco de la política de «paz total», tras el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz
Este jueves 18 de enero, el Estado Mayor Central de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (EMC-FARC) y el Gobierno de Colombia culminaron la víspera el tercer ciclo de conversaciones, que se realizó en Bogotá.
Esta ronda de diálogos, iniciado el pasado 11 de enero, coincidió con la prórroga del cese el fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el EMC, que había sido firmado por ambas partes en octubre de 2023 y que culminó el 15 de enero.
En el ciclo que terminó se consignó el quinto acuerdo entre las delegaciones negociadoras, donde se establece el alto al fuego hasta el 15 de julio, que nuevamente podrá ser extendido.
El quinto acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores, según detalla La Silla Vacía, se refiere a la ruta para la participación social, el compromiso socioambiental, las transformaciones territoriales y los aspectos humanitarios, jurídicos y de seguridad.
En el documento difundido por el citado medio, el EMC ratifica su disposición poner fin a las «retenciones con fines económicos», calificadas de secuestros extorsivos por el Gobierno, mientras dure el cese al fuego.
La retención de personas con fines económicos se ha constituido en un punto vital en las negociaciones que mantiene el Ejecutivo colombiano con distintos grupos, en el marco de la política de «paz total», tras el secuestro del padre del futbolista colombiano Luis Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el pasado octubre.
Asimismo, el EMC reitera las acciones humanitarias para «la prevención de contacto armado, retorno de civiles y/o combatientes y realización de corredores humanitarios, entre otros».
En la misma línea, los grupos revolucionarios se comprometen a acatar el Derecho Internacional Humanitario «cuanto a vinculación de integrantes a sus estructuras armadas.»
En el contexto de la mesa de diálogo, se definirán «acciones de respeto a los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y demás sectores sociales» y se «buscará lograr reducciones en las afectaciones a la población civil».
Igualmente se acordó que las partes contribuirán con los programas de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, localización y entrega en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
En este nuevo ciclo se acordó conformar una comisión jurídica mixta con el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), para realizar un censo de los miembros del Estado Mayor Central privados de libertad y de los que tienen «situación jurídica por resolver».
En cuanto a la transformación territorial estructural, se generarán las condiciones para la ejecución de acuerdos parciales de implementación inmediata en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Norte de Santander y Putumayo, donde hay presencia del EMC, para «mejorar las condiciones de vida de la población».
Con información de EFE
