Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giulani, dos argentinos detenidos en Venezuela, se manifestaron este viernes frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires para pedir su liberación y entregaron una carta al ministro consejero de la entidad, monseñor Daniele Liessi, en la que solicitaron la intermediación del Vaticano.
La marcha fue encabezada por María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 34 años y detenido en Venezuela el 8 diciembre de 2024, y Virginia Rivero, esposa del abogado Germán Giuliani, apresado en mayo de 2025.
Los manifestantes desplegaron banderas y carteles con las fotografías de los detenidos, exigieron que se cumplan las liberaciones prometidas por el Gobierno venezolano hace dos semanas y denunciaron la dilación del proceso y la incertidumbre que atraviesan las familias.
«Le pedimos que dejaran de ser tibios, que sean defensores de los derechos humanos, defensores del derecho a la vida», expresó Gómez frente a la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Gómez fue recibida junto a Rivero por el monseñor Liessi, a quien entregaron una carta en la que solicitan la intervención del Vaticano para la liberación de sus parejas.
«Confiamos en que Su Santidad el Papa León XIV y el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, puedan interceder ante el Gobierno venezolano para facilitar una pronta solución a esta situación», expresa el documento al que accedió EFE.
En la carta, las familias apelaron a «la sensibilidad humanitaria y al compromiso permanente de la Santa Sede con la defensa de la dignidad humana, la libertad y los derechos fundamentales» y manifestaron su esperanza en que la Iglesia «pueda ejercer su influencia moral para contribuir a una solución justa y humanitaria a esta situación».
Los familiares expresaron que su preocupación «se ve agravada por los numerosos informes de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos que han documentado detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y graves violaciones a las garantías fundamentales en Venezuela».
La ONG venezolana Foro Penal y la oposición mayoritaria estiman entre 154 y 170 personas fueron liberadas desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un «número importante» de excarcelaciones, sin precisar identidades ni las condiciones de estas medidas.
Según el último boletín oficial de la ONG, en Venezuela hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno es que están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Gallo fue acusado de actividades terroristas por supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.
Su esposa dijo este viernes que desde la institución eclesiástica les aseguraron que actuarían como «intermediarios» y que «van a abogar» por la liberación de los detenidos.
Rivero, por su parte, contó a EFE que tras casi un mes de incertidumbre, logró comunicarse con su marido el pasado 16 de enero y confirmar que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Yare II.
«Lo escuché bien, lo escuché fuerte y eso me dio cierta tranquilidad», dijo Rivero, quien agregó: «Nosotros desde acá seguiremos haciendo todo lo que lo que esté en nuestras manos para seguir ejerciendo presión y poder lograr la liberación de, no solamente de los argentinos, sino de todos los presos políticos».
