El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua denunció este lunes que las violaciones lejos de disminuir en este país se han intensificado y diversificado más allá de sus fronteras, y que estos actos se financian a través del desvío de fondos originalmente destinados a servicios sociales.
«Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua», declaró el presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, en una presentación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
«La documentación en nuestra custodia apunta a que en Nicaragua la corrupción no es solo un producto de la codicia. Es mucho más que eso, es una herramienta institucional de financiación encubierta para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra una parte considerable de la población», señaló.
Detalló que entre esas pruebas figuran «registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos».
El Grupo de Expertos recalcó que su deber «es dar voz a quienes han sido y siguen siendo silenciados» en Nicaragua, país que ha salido desde hace tiempo del foco mediático y caído en la atención de otros países por la crisis geopolítica global y las graves tensiones en torno a otras naciones de la región, como Venezuela y Cuba.
Simon se refirió al «aumento y diversificación de los perfiles de las víctimas, lo que refleja el alcance de la persecución estatal».
En la larga lista de esas víctimas se encuentran estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, pero también campesinos e indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas.
Uno de los principales objetivos de las violaciones planeadas por el aparato estatal ha sido «disuadir, castigar y silenciar a nicaragüenses en el extranjero e impedir la oposición política organizada», explicó el presidente del Grupo de Expertos.
A los parientes que permanecen en Nicaragua se les detiene arbitrariamente, se les confiscan sus bienes y se les prohíbe salir del país, entre otros abusos, todo lo cual tiene como objetivo central generar «autocensura y aislamiento social».
Simon pidió al Gobierno nicaragüense que desmantele este aparato de represión y permita el acceso al país sin restricciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
La delegación diplomática acreditada ante la ONU en Ginebra no estuvo en la sala durante esta presentación y, por lo tanto, no expuso su posición ante estas acusaciones, conforme es la pauta en el Consejo de Derechos Humanos.
En la fase de comentarios, un delegado de la Unión Interparlamentaria ( UIP, una entidad que funciona como una federación de Parlamentos con sede en Ginebra) abordó la situación del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, y de su suplente Nancy Henríquez James.
Sobre Rivera, «la falta de información oficial sobre su paradero, su estado de físico y situación jurídica es sumamente alarmante», indicó la UIP.
En cuanto a Henríquez, señaló que también son motivo de gran preocupación su privación de libertad, las condiciones de la misma y la falta de garantías legales, así como su frágil salud.
Al comentar estas situaciones, el integrante del Grupo de Expertos, Reed Brody, sostuvo que las detenciones arbitrarias son una «herramienta de control central» del gobierno y que las víctimas son puestas en aislamiento, están incomunicadas y carecen de atención médica.
«En muchos casos, esto implica tratos crueles y degradantes que pueden constituir tortura», indicó.
Denunció también las desapariciones forzadas y señaló que se desconoce la suerte que han corrido once personas arbitrariamente detenidas, y reclamó que las autoridades ofrezcan «pruebas» de que Rivera Bryan sigue vivo.
