El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó apoyo al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para enfrentar la crisis penitenciaria que atraviesa su país, marcada por el hacinamiento y la violencia entre reclusos y el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, confirmó la disposición de su Gobierno para tender «la mano amiga” al país andino.
“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa en una entrevista con el medio boliviano El Deber durante su visita para la investidura presidencial de Paz.
“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, dijo Ulloa.
El presidente Paz informó que la semana pasada tuvo una llamada con su homólogo salvadoreño Bukele, “le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”.
El mandatario boliviano valoró la franqueza y el carácter directo del presidente salvadoreño, cuya política penitenciaria ha despertado interés en varios países de la región.
Por su parte, Ulloa señaló que ambos gobiernos buscan avanzar también en la creación de una Cámara de Comercio bilateral, aunque reconoció que la seguridad y el control penitenciario son temas prioritarios para la cooperación.
“Esta apertura de Bolivia hacia regiones como Centroamérica representa un antes y un después”, subrayó Ulloa.
El interés de Paz Pereira en recibir asesoría salvadoreña se enmarca en una crisis estructural del sistema penitenciario boliviano.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Franz Laura indicó en recientes declaraciones a EFE que “Bolivia vive un momento crítico y se deben buscar soluciones a corto plazo para evitar más muertes en las cárceles”.
Laura explicó que “el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción generan violencia constante entre privados de libertad”, y agregó que “es urgente revisar los protocolos de seguridad y realizar una rotación permanente de policías en los centros carcelarios”.
Según datos oficiales, en 2024 Bolivia registró más de 32.000 reclusos, pese a que la capacidad de sus cárceles es para menos de la mitad. Solo en los primeros meses de 2025, al menos siete internos murieron en hechos violentos, algunos con participación de agentes policiales. “Esta mezcla entre presos condenados y preventivos sin una correcta clasificación incrementa la violencia y el consumo de alcohol y drogas”, indicó Laura.
El Gobierno de Bukele ha sido reconocido por su política de seguridad, que incluye la construcción de megaprisiones y la aplicación de un régimen de excepción desde 2022. Si bien la medida ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, El Salvador asegura haber reducido significativamente los homicidios y debilitado las pandillas.
La cooperación entre ambos países podría centrarse en el intercambio de experiencias sobre gestión penitenciaria y control interno, por esto Ulloa reiteró que para «que para nosotros es un punto de inflexión, un antes y un después, por lo que le deseamos los mejores éxitos (a Rodrigo Paz) y que sepa que cuenta con nuestra mano amiga para poder continuar lo que inicia a partir de este momento” .
