La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que «las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia»
El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que respeta la separación de poderes, al referirse a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de denegar la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del exlíder de las FARC Jesús Santrich, cuyo caso dijo no está cerrado.
«El Gobierno Nacional respeta la Constitución y, por ende, la separación de poderes. No obstante, compartimos la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad del sindicado por narcotráfico en Estados Unidos alias ‘Jesús Santrich'», dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño.
La JEP aplicó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», pedido por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico que supuestamente cometió tras la firma del acuerdo de paz que tuvo lugar en noviembre de 2016.
El miércoles, la JEP se dispuso a compulsar copias de documentos para investigar a funcionarios de la Fiscalía.
Argumenta que la fiscalía incurrió en ciertas irregularidades que habrían influido en la decisión de ordenar la libertad de Santrich. Concretamente, «las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia».
La @JEP_Colombia compulsa copias para que se investigue a funcionarios de la @FiscaliaCol por irregularidades en el recaudo de pruebas en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 15, 2019Leer comunicado: https://t.co/2wxcgeELxo pic.twitter.com/Kyk0wxtBDS
Precisa la información que «respecto a la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek se constataron serias irregularidades, por cuanto la Fiscalía General no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera», indicó la JEP.
Agregó el tribunal de paz que por ese motivo, la Sección de Revisión advirtió que «las autoridades norteamericanas pudieron violar las normas de cooperación internacional y asistencia judicial en el recaudo de pruebas en Colombia».
