Dina Boluarte, recién nombrada presidenta de Perú, cedió a las demandas de los manifestantes, y anunció que enviará al Congreso una propuesta para adelantar las elecciones generales. Mientras las protestas se recrudecen en varios puntos del país, la fiscal general presentó una denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por rebelión y conspiración, reseñó el medio France 24.
Una crisis que se agudiza. El anuncio presidencial llega después de que el domingo 11 de diciembre miles de manifestantes salieran a las calles de Perú para exigir la renuncia de Dina Boluarte, nombrada en el cargo tras la abrupta salida de Pedro Castillo del poder.
Los manifestantes piden una convocatoria de elecciones para sustituirla a ella y al Congreso actual, a quienes acusan de ser protagonistas de la crisis política del país. Las manifestaciones dejaron al menos dos muertos en una remota comunidad de los Andes, según las autoridades.
Ante la intensidad del descontento, Boluarte propuso celebrar las elecciones generales en abril de 2024. Esto supone un cambio de rumbo, ya que anteriormente había dicho que ocuparía el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de su predecesor.
«Mi deber como presidenta de la República en el difícil momento actual es interpretar, leer y recoger las aspiraciones, intereses y preocupaciones, si no de todos, de la inmensa mayoría de los peruanos», comentó Boluarte.
«Así, interpretando de la manera más amplia la voluntad de los ciudadanos, he decidido asumir la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales», aseguró en el mensaje liberado en la medianoche del 12 de diciembre.
Boluarte juró el cargo la semana pasada después de que Pedro Castillo fuera arrestado por tratar de disolver el Congreso y evitar su destitución, un movimiento calificado por congresistas, exministros y medios locales como un intento de «golpe de Estado», un nuevo capítulo de inestabilidad de un país que no se recupera de las sucesivas crisis políticas.
Según el portal francés, las protestas se intensificaron en las zonas rurales, donde Castillo, un antiguo profesor y nuevo en política procedente de un distrito montañoso andino, tiene mayor popularidad.
Los manifestantes quemaron una comisaría, destruyeron un pequeño aeropuerto utilizado por las Fuerzas Armadas y se manifestaron en las calles durante el fin de semana, unas movilizaciones que prometen extenderse.
En la remota comunidad andina de Andahuaylas, un menor de 15 años falleció por una herida durante las manifestaciones, según denunció la congresista María Taipe Coronado.
«La muerte de este compatriota es responsabilidad de la señora Dina por no presentar su renuncia», acusó Taipe, quien está afiliada al partido que ayudó a Castillo y Boluarte a llegar al poder como presidente y vicepresidenta, respectivamente, antes de que ambos fueran expulsados de ese partido. «¿Desde cuándo protestar es un delito?», se preguntó.
Taipe denunció que las autoridades estaban utilizando tácticas represivas para contener las manifestaciones, aunque no está claro cómo resultó herido de muerte el manifestante, así como se investiga una segunda muerte en la misma comunidad donde otras 26 personas resultaron heridas.
En Lima, la capital, cientos de personas se manifestaron y hubo choques con la policía antidisturbios que utilizó gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes. La violencia obligó a Boluarte a declarar el estado de emergencia en las zonas donde las protestas eran más violentas, medida que permitiría a las Fuerzas Armadas tomar un mayor control si fuera necesario.
Los manifestantes también exigen la liberación de Pedro Castillo, el presidente de centroizquierda destituido el miércoles.
Con información de AP, Reuters y La República (Perú)
