La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta, Cristina Kirchner, en el contexto de la causa Vialidad.
Es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ), lo que le impide participar en la contienda electoral, y no podrá competir por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre, como era su plan.
Kirchner es la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei y, por su edad, 72 años, la expresidenta podrá solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario, tras conocer la decisión de condena rodeada de dirigentes y militantes en la sede del PJ.
La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Quedó firme la condena a seis años de prisión para Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
Adicionalmente, el máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.
Los jueces consideran a Cristina Kirchner responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
