La Fiscalía de Colombia suspendió las órdenes de captura contra los principales miembros de una de las mayores disidencias aún activas en el país, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para negociaciones de paz con grupos criminales, anunció el ente acusador este lunes.
El plan de gobierno de la “paz total” llama a los grupos criminales a entablar negociaciones políticas con el Estado colombiano a cambio de diversos beneficios legales, entre ellos la amnistía para ciertos delitos, la suspensión parcial de algunas órdenes de captura o la reducción de penas. La iniciativa del Gobierno está dirigida a varios de los principales grupos criminales del país, incluidos los carteles de la droga, los grupos paramilitares de extrema derecha y las guerrillas de izquierda.
El anuncio de este lunes incluye a 19 altos mandos del Estado Mayor Central de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidos miembros que incumplieron el acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Estado colombiano y las FARC en La Habana.
Las FARC, en un momento la guerrilla más grande del hemisferio occidental, se desmovilizaron formalmente luego del acuerdo de 2016. El grupo fundó un partido político en 2017. Sin embargo, varios altos mandos rechazaron la vida civil y volvieron a la lucha armada en los últimos seis años.
Abrir negociaciones con grupos criminales fue una de las promesas más audaces de Petro como candidato presidencial en 2022. Desde que el mandatario asumió el cargo, el gobierno comenzó negociaciones formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo guerrillero de izquierda, y está explorando otorgar estatus político al Clan del Golfo, el cartel de drogas más grande de Colombia.
«Comienza un segundo proceso de paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central (FARC)», tuiteó Petro este lunes poco después del anuncio del fiscal General.
Los miembros del Estado Mayor Central de las FARC no reaccionaron de inmediato al anuncio.
