La Corte Suprema de Brasil anunció que el juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre, en lo que se perfila como uno de los procesos judiciales más trascendentales de la historia democrática reciente del país.
La fase final del juicio será conducida por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, presidida por el magistrado Cristiano Zanin, quien ha programado sesiones extraordinarias para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre, con el objetivo de emitir un veredicto en esa misma semana.
La acusación: trama golpista tras la derrota electoral
Bolsonaro, junto a siete excolaboradores, enfrenta cargos por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado y deterioro del patrimonio público.
Según la Fiscalía General, la trama se habría gestado tras la derrota electoral del exmandatario en octubre de 2022 frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación sostiene que Bolsonaro no reconoció los resultados y promovió una ola de protestas que culminó en el asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia, con el objetivo de impedir la toma de posesión de Lula.
Defensa y repercusiones internacionales
En sus alegatos finales, la defensa de Bolsonaro rechazó todas las acusaciones, alegando una “absoluta falta de pruebas” y calificando de “absurdas” las imputaciones de la Fiscalía. El expresidente permanece bajo arresto domiciliario desde marzo, cuando se formalizó el proceso penal.
El juicio ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Estados Unidos. El presidente Donald Trump impuso aranceles del 50 % a productos brasileños en señal de protesta, calificando el proceso como una “ejecución política” contra uno de los “grandes líderes de la derecha en América Latina”.
Un proceso que pone a prueba la institucionalidad
El Supremo Tribunal ha garantizado un “juicio justo” y asegura que existen “indicios graves” contra los acusados. El caso será seguido de cerca por organismos internacionales, analistas políticos y medios de comunicación, dada su potencial impacto en la estabilidad democrática de Brasil y en el futuro de la ultraderecha regional.
